Son ya incontables las afrentas, provocaciones y clamorosas ilegalidades que han cometido los separatistas catalanes durante los últimos años a cuenta del procés, haciendo un uso aberrante y vergonzoso de las instituciones públicas y el dinero de todos los españoles, sin que el Gobierno del PP, por desgracia, hiciera nada para impedirlo. Pero lo más triste es que ahora que al fin se decide a poner en marcha medidas de cierto calibre para frenar los pies a los nacionalistas, de poco o nada servirá para impedir su cometido, que no es otro que la celebración del referéndum ilegal del próximo 1 de octubre. Los populares, una vez más, llegan tarde.
La campaña del referéndum ya ha comenzado y será difícil que la intervención parcial o incluso completa de las cuentas de la Generalidad eviten la financiación pública de este declarado golpe de estado, ya que sus precursores han dispuesto de tiempo más que suficiente para organizar su plan. El Consejo de Ministros ha decidido este viernes asumir el pago de buena parte del presupuesto de Cataluña, después de que el vicepresidente regional, Oriol Junqueras, anunciara que dejará de justificar ante Hacienda los gastos del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA).
Esto no solo constituye un simple agravio, sino el incumplimiento manifiesto de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, razón por la cual el Gobierno ha decidido intervenir de facto las cuentas destinadas al pago de servicios públicos esenciales, como es el caso de la educación, la sanidad, las nóminas de los funcionarios y los servicios sociales. Además, lanza un ultimátum de 48 horas a la Generalidad para que no realice nuevos gastos que no estén ya comprometidos, bajo la amenaza de extender la intervención a todo el presupuesto catalán. Estas medidas, estipuladas en la Ley de Estabilidad, son contundentes, puesto que el Estado pasará a sustituir a la Generalidad en la gestión y el control del gasto público, pero, a tan solo 15 días para el referéndum, no servirán para el propósito anunciado por el Gobierno. La maquinaria separatista ya está en marcha, con o sin intervención de las cuentas.
Esta decisión se tendría que haber adoptado mucho antes, años atrás, desde el mismo momento en el que Cataluña, junto a otras comunidades autónomas díscolas, incumplieron de forma flagrante los objetivos de déficit público estipulados por Hacienda, tal y como preveía la misma Ley de Estabilidad que hoy blande el Gobierno como solución para impedir el referéndum. Si se hubiera aplicado entonces y no ahora, como tantas veces se ha reclamado desde Libertad Digital, los españoles se habrían ahorrado buena parte del esperpento que hoy acontece, ya que los separatistas habrían carecido de su engrasada maquinaria de propaganda y subvenciones públicas para llevar a cabo su intento de hacer detonar la Constitución y la legislación vigente. No lo hicieron cuando debieron y, ahora que se han decidido, ya es tarde para que el mecanismo surta el efecto deseado. Cosa distinta es que se prolongue más allá del 1-O, en cuyo caso sí podría servir para monitorizar las cuentas de la Generalidad a fin de que no se cometan nuevas ilegalidades.
Sin embargo, aún falta por ver si Mariano Rajoy, llegado el caso en que los secesionistas incumplan también este último requerimiento de Hacienda, se atreverá, con la ley en la mano, a aplicar todas las medidas y sanciones pertinentes para restablecer la legalidad y frenar de una vez por todas a los golpistas. Ya es hora de que el presidente del Gobierno se de cuenta de que no se puede negociar ni templar gaitas con quien se está saltando la Constitución y las reglas básicas de la democracia. La ley no se negocia, se impone.