Ya se ha denunciado en estas mismas páginas la colosal tomadura de pelo que supondría que la Generalidad de Cataluña abonara con dinero de los contribuyentes los avales que reclama el Tribunal de Cuentas a una treintena de golpistas del 9-N y del 1-O por el delito de malversación de caudales públicos que supuso la promoción exterior del ilegal proceso separatista. Si inaceptable era que la Generalidad, a fin de evitar que los golpistas pagasen de su bolsillo dichos avales, creara un Fondo Complementario de Riesgos de 10 millones de euros, sería igualmente un fraude de ley –y prevaricación y malversación de caudales públicos– que los avales corrieran por cuenta del Instituto Catalán de Finanzas (ICF), organismo público cuyo único accionista es la propia Generalidad.
Esta burda maniobra de la Generalidad, que sigue en manos de unos individuos que han proclamado su objetivo de culminar el proceso de secesión, no ha engañado en absoluto al Tribunal de Cuentas, que, tras seguir viendo indicios de ilegalidad en esta maniobra, ha pedido este martes un informe –afortunadamente no vinculante– a la Abogacía del Estado sobre la licitud de que un organismo público dependiente de la Generalidad avale a quienes están acusados de desviar dinero publico para promocionar en el extranjero las dos consultas secesionistas perpetradas hasta ahora.
Si decimos que el informe de la Abogacía del Estado no es "afortunadamente" vinculante es porque, aunque debería ser el primer interesado en denunciar tamaño fraude de ley, desgraciadamente se ha comportado hasta la fecha como la Abogacía de un Gobierno obsesionado por no desairar a sus socios separatistas.
De lo que, en principio, sí cabría congratularse es de que la Fiscalía de Cataluña, a instancias de una denuncia de Ciudadanos, haya decidido abrir diligencias de investigación por un delito de malversación contra este aval por cuenta del ICF que evita a la treintena de ex altos cargos golpistas imputados abonar los 5, 4 millones que les exige en avales el Tribunal de Cuentas. El hecho de que la Fiscalía catalana haya abierto diligencias únicamente a los miembros de la Junta de Gobierno del ICF –sin incluir al presidente de la Generalidad, Pere Aragonès, ni al consejero Jaume Giró, tal y como pretendía Ciudadanos– no debe, en principio, generar dudas respecto a la actuación del Ministerio Público, habida cuenta de que Aragonès y Giró son aforados, por lo que el órgano competente para decidir si se les abre una investigación es el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, ante el que han sido denunciados por Vox y por Convivencia Cívica Catalana.
Habrá que estar pendientes del desarrollo de los acontecimientos; pero aun cuando los golpistas indultados terminen pagando de su bolsillo el dinero que han malversado, no dejará de ser una vergüenza que el Gobierno central permita, con absoluto desprecio del artículo 155 de la Constitución, que otros dirigentes políticos no menos comprometidos públicamente con la secesión de Cataluña sigan rigiendo las instituciones del Principado. Eso, por no hablar de que este infausto Gobierno ha llegado incluso a considerar una "piedra en el camino" que el Tribunal de Cuentas pida responsabilidades económicas a quienes han perpetrado un golpe de Estado a cargo del contribuyente.