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EDITORIAL

El secesionismo sigue cubriendo etapas con total impunidad

Rajoy prefiere fingir que el proceso secesionista es irrelevante, más preocupado por sus posibilidades electorales que por cumplir la Constitución.

La suspensión del proceso independentista catalán decretada por el Tribunal Constitucional a instancias del Gobierno no ha tenido, como era de esperar, efecto práctico alguno. A día de hoy los planes de la Generalidad para llevar a cabo el referéndum ilegal el próximo 9 de noviembre siguen adelante, con el Gobierno regional y los partidos separatistas impulsando nuevas acciones en abierta rebelión contra el mandato taxativo del alto tribunal.

Si el pasado viernes, tras una larga reunión con los dirigentes de los partidos secesionistas, Artur Mas anunció su voluntad de seguir adelante con la convocatoria del referéndum ilegal, ayer sábado fueron los alcaldes partidarios de la independencia los encargados de salir a la palestra en un acto de patética simbología en el que, faltaría más, el presidente de la Generalidad fungió de orgulloso anfitrión. La campaña institucional a favor del referéndum en los medios de comunicación, que la Generalidad había paralizado tras recibir el auto del Constitucional, ha sido también reactivada de nuevo con un mensaje que deja claras las intenciones del Gobierno catalán de cumplir eufemísticamente con su promesa de "garantizar el derecho a decidir". Y mientras en el plano institucional tienen lugar todas estas acciones en contra del mandato de la Justicia, las organizaciones paralelas del nacionalismo catalán destinan el dinero de las subvenciones pagadas con dinero de todos los españoles a una campaña de agitación casa por casa en la más estricta tradición totalitaria.

Todo esto ocurre sin que Rajoy haga o diga algo que permita a los catalanes contrarios a la secesión percibir el apoyo elemental del Gobierno y al resto de ciudadanos saber que el Ejecutivo cumple debidamente con su obligación de preservar la unidad de España y la igualdad de todos los españoles. Los incumplimientos flagrantes de la ley que, además, constituyen una amenaza para la Nación, han de ser castigados de acuerdo con las leyes, todavía más cuando el impulso sedicioso proviene de una autoridad del Estado como lo es la presidencia de la Generalidad de Cataluña. El Gobierno de Rajoy, en cambio, prefiere fingir que el proceso secesionista de Cataluña no tiene la relevancia que evidentemente posee, más preocupado por las posibilidades electorales de su partido a corto plazo que por cumplir con sus obligaciones constitucionales. De esta forma el presidente Rajoy y los miembros de su Gabinete se convierten en directos responsables de una asonada institucional cuyas consecuencias son, a día de hoy, incalculables.

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