Varios diputados de la CUP en el Parlamento catalán han roto este lunes fotografías del Rey en una rueda de prensa en protesta por las detenciones de varios jóvenes de la extrema izquierda separatista que la semana pasada no se presentaron ante el juez que les había citado por quemar imágenes de Don Felipe y ejemplares de la Constitución durante la última Diada.
Se trata, sin duda, de un hecho gravísimo, pero no más que el delito continuado de desobediencia a las resoluciones de los más altos tribunales que vienen perpetrando impunemente el Gobierno y el Parlamento regionales de Cataluña, embarcados desde hace años en un ilegal proceso de secesión. Lo peor, sin embargo, es la absoluta pasividad, cuando no condescendencia, del Gobierno de la Nación y, en general, de la clase política española: tras una legislatura en la que el Gabinete Rajoy ha convertido a la secesionista Administración catalana en la principal destinataria de los Fondos de Liquidez Autonómica, y en la que el Ejecutivo del PP no ha instado un sólo procedimiento penal contra las sediciosas autoridades de esa región, la vicepresidenta, Soraya Sáez de Santamaría, insiste en "dialogar" con ellas y en hacer gestos de aproximación que los nacionalistas interpretan como gestos de debilidad.
Ni que decir tiene que no hay una sola formación parlamentaria que haya reprochado esta actitud entreguista del Gobierno y que sostenga que no hay nada que dialogar ni negociar con las autoridades regionales catalanas hasta que hagan un público acatamiento del ordenamiento constitucional. Huelga decir también que este servil apaciguamiento, que roza la complicidad, lejos de moderar a los separatistas los está envalentonando. Así, Puigdemont, que tomó posesión de su cargo sin jurar fidelidad ni al Rey ni a la Constitución, ha respondido a los insensatos y contraproducentes gestos de acercamiento de la vicepresidenta con la convocatoria de una cumbre de todos los partidos separatistas para la organización del nuevo e ilegal referéndum secesionista.
En conclusión: no hace falta que Cataluña tenga un Estado independiente en forma de república para que sus autoridades locales hagan añicos la Nación entendida como Estado de Derecho. Eso, y no otra cosa, representa lo que han hecho los de la CUP al romper la foto de quien simboliza la unidad y permanencia de la Nación.