Un prófugo de la Justicia y un delincuente preso han comandado las negociaciones para la formación del nuevo Gobierno regional de Cataluña. No hace falta ser adivino para saber cuál será la nota dominante de una legislatura cuya duración dependerá de las luchas intestinas entre las distintas facciones de un separatismo que se desprecia tanto como detesta a la Cataluña real, a la que no deja de hacer daño.
Tanto JxCat como ERC han proclamado que su principal objetivo es reeditar las jornadas sediciosas del otoño de 2017. El esbirro de Oriol Junqueras Pere Aragonès, próximo presidente de la Generalidad, fue muy claro en la rueda de prensa conjunta con el lacayo de Carles Puigdemont, Jordi Sànchez, al defender "una confrontación cívica y pacífica para obligar al Estado a aceptar la amnistía y la autodeterminación". Los golpistas siguen, pues, donde estaban: en la subversión del orden constitucional y el envenenamiento de la convivencia en Cataluña.
Las organizaciones de referencia del separatismo, parásitas del Erario, también espolean al Ejecutivo regional hacia un nuevo choque con el Estado. Que los partidos golpistas obtuvieran el 52% de los votos en las pasadas elecciones autonómicas, en las que apenas votó el 51% del censo, les parece aval suficiente para una nueva intentona, lo que aboca a la sociedad catalana al conflicto permanente.
Este acuerdo de coalición entre liberticidas hispanófobos ha sido calificado por el Partido Popular y por Vox como "la peor noticia para España". No solo por que haya que seguir soportando el delirio criminógeno de los supremacistas, sino porque la debilidad del Gobierno central y la falta de escrúpulos de Pedro Sánchez auguran más concesiones al separatismo, comenzando por el indulto a los golpistas encarcelados, a los que el felón debe su permanencia en el poder.