No hay un solo dirigente político con representación parlamentaria que se haya atrevido a describir la "extrema gravedad" de la situación que se vive en Cataluña como lo ha hecho este martes el Rey, en un tal vez tardío pero solemne y espléndido discurso dirigido al conjunto del pueblo español. Lejos de apelar al diálogo y de lanzar ofertas de negociación –tal y como ha hecho la práctica totalidad de la clase política, incluyendo al Gobierno–, Don Felipe ha recordado sin medias tintas cómo, "desde hace ya tiempo", las autoridades de Cataluña han venido, "de una manera reiterada, consciente y deliberada", "incumpliendo la Constitución y su estatuto de autonomía".
El Monarca ha resaltado reiteradamente cómo han sido y son las propias "autoridades" autonómicas de Cataluña las que han "quebrantado los principios democráticos de todo Estado de Derecho" y "socavado la armonía y la convivencia en la propia sociedad catalana, llegando, desgraciadamente, a dividirla"; cómo "han menospreciado los afectos y los sentimientos de solidaridad que han unido y unirán al conjunto de los españoles"; cómo "han vulnerado de manera sistemática las normas aprobadas legal y legítimamente, demostrando una deslealtad inadmisible hacia los poderes del Estado". "Un Estado al que, precisamente, esas autoridades representan en Cataluña", ha recordado.
Don Felipe ha mostrado, en definitiva, una realidad que, ciertamente, conocerá una inmensa mayoría de los españoles, pero que nunca es descrita en tales términos por la clase política, que así no tiene que sentirse abocada a tomar una decisión que rehuye por falta de coraje moral y de lucidez intelectual –caso del Gobierno– o porque dificulta los planes para desbancar al actual Ejecutivo con la ayuda de podemitas y nacionalistas –caso del PSOE–.
En este sentido, se podría decir que el discurso del Rey ha puesto en bandeja al Poder Ejecutivo la suspensión, en aplicación del artículo 155 de la Constitución, de la Administración autonómica catalana, en manos de unos golpistas que, a día de hoy, siguen en libertad y a sueldo del Ministerio de Hacienda. Esta medida ya no podrá evitar, obviamente, la ilegal convocatoria del 9-N ni la del 1-O, pero sí que desde las propias instituciones del Estado se siga atentando tan gravemente contra España y contra las normas básicas del Estado de Derecho.
Con todo, está por ver si el Ejecutivo de Rajoy –que asumió el pasado domingo el papel que le correspondía al Jefe del Estado para convocar a todos los partidos políticos, después de fingir poco menos que el Estado de Derecho había imperado en Cataluña– está a la altura y toma una medida que viene rehuyendo desde 2012. Y eso por no hablar de un PSOE que parece sólo interesado en el "diálogo" con los golpistas y en denunciar una "violencia policial" que, en realidad, causó más heridos entre los policías que entre los que participaron en la ilegal consulta separatista.
En cualquier caso, tras este magnífico discurso de Felipe VI –hoy más que nunca, nuestro Rey– no se puede dudar del compromiso de la Corona con la "unidad y permanencia de España". Eso es, precisa y dramáticamente, lo que está en juego.