La instrucción de la causa sobre el 1-O ha concluido este martes tras nueve meses de trabajo de los jueces Carmen Lamela, que impulsó la investigación en la Audiencia Nacional, y Pablo Llarena, que ha rematado la faena en el Tribunal Supremo. Hay 13 procesados por rebelión, 14 por malversación y 10 por desobediencia. Tal y como era previsible, Llarena ha acordado la suspensión de funciones como diputado del prófugo Carles Puigdemont, así como de otros cinco procesados por rebelión, en cumplimiento del artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
A pesar de tratarse de un mero automatismo o imperativo legal, que ha ido acompañado de la posibilidad de sustitución temporal en el cargo por otros integrantes de sus candidaturas, la suspensión de cargos dictada por Llarena ha desatado el victimismo de las formaciones golpistas. Así, el pedecato Carles Campuzano ha afirmado que el auto de Llarena es una "decisión inadmisible" que ignora "el momento de diálogo político", mientras que el esquerrista Joan Tardá ha bramado que el juez "solamente actúa movido por la crueldad, el deseo de venganza y la voluntad de escarmentar". A estos exabruptos hay que sumar los del golpista prófugo Puigdemont, que ha asegurado que "la Justicia sigue haciendo política" y que la decisión de Llarena "describe el nivel de calidad democrática que tiene el Estado".
Mucho se puede y se debe criticar la desfachatez de los separatistas, que acusan a la Justicia de "hacer política" cuando ellos siguen obcecados en la muy liberticida política de violar la ley. Ahora bien, por deplorables que sean su aspiración de impunidad y su empecinamiento en dinamitar el ordenamiento constitucional y acabar con la soberanía nacional, no es menos cierto que Madrid, con su irresponsable y temeraria política de apaciguamiento, no deja de darles alas desde 2012. No otra cosa ha hecho Pedro Sánchez al ofrecer este lunes al racista Quim Torra una "solución política" a lo que no es sino un desafío criminal al Estado de Derecho.
Con todo, aun cuando el Gobierno del felón Sánchez quisiera perpetrar una nueva operación Diálogo con los separatistas, es harto dudoso que se produjera una retirada masiva de cargos contra los golpistas por parte del Ministerio Público como la que, tras la dimisión del fiscal general Eduardo Torres Dulce, se perpetró para beneficiar a Artur Mas y compañía. Y esto es así porque Puigdemont, con el 1-O y la ilegal declaración de independencia, fue mucho más lejos que Artur Mas con el 9-N y porque, afortunadamente, en esta causa no sólo interviene la Fiscalía, pues Vox anda ejerciendo la acusación popular.
Así las cosas, Sánchez podrá, como Rajoy, mirar para otra parte ante la independencia de facto de la Cataluña nacionalista, y financiar, tanto o más que Rajoy, el proceso secesionista a través del FLA; pero la única impunidad que podría ya otorgar a los golpistas sería la derivada del indulto, medida de gracia que ya abanderó en su día el líder de los socialistas catalanes, Miquel Iceta, quien ahora sin vergüenza equipara a Ciudadanos con los criminógenos Comités de Defensa de la República.
Pero para que haya indulto tendrá que haber antes condena. Y esa condena no la va a poder evitar, afortunadamente, ningún "proceso de diálogo" como el que ya han iniciado el felón Sánchez y el racista Torra.