Los medios y partidos constitucionalistas recordarán –o deberían recordar– que, un día después de que el TSJC condenara a Artur Mas a la ridícula pena de dos años de inhabilitación por la gravísima vulneración de la legalidad que constituyó la consulta secesionista del 9-N, las formaciones separatistas volvían a desafiar la Constitución y el propio estatuto de autonomía catalán con la aprobación de una ponencia para alterar el reglamento de la Cámara regional y permitir la sanción, sin debate y por el procedimiento de urgencia, de las llamadas "leyes de desconexión con el Estado". Pues bien, el bochornoso espectáculo vivido este miércoles en esa sede legislativa no deja de ser, en buena medida, la consumación de ese delito tan largamente anunciado. Y lo es tanto por los procedimientos empleados, radicalmente contrarios al Derecho y al propio reglamento de la Cámara, como por el hecho de que los mismos están puestos al servicio de la aprobación de unas leyes radicalmente inconstitucionales, como son las referidas a la convocatoria de la nueva consulta secesionista o la llamada Ley de Transitoriedad jurídica.
Ahora bien, nada de lo anterior debería resultar sorprendente, dada la pasividad de una clase política constitucionalista que alterna el no hacer nada con el ofrecimiento de "diálogo" y "negociación" a los golpistas. Y es que no mejor consideración merece el limitarse a recurrir al Tribunal Constitucionalpara que solucione el entuerto, habida cuenta de que uno de los responsables del desafuero de este miércoles –la presidenta del Parlamento regional, Carme Forcadell– sigue impunemente ejerciendo su cargo, a pesar de que la Fiscalía ya presentó contra ella allá por el mes de febrero una querella por su "contumaz y obstinada voluntad de incumplir" los mandatos constitucionales.
Siendo los pronunciamientos de los Altos Tribunales imprescindibles, creer que la solución al golpismo separatista reside en un nuevo pronunciamiento del TC es tanto como negar la raíz misma del problema: la rotunda y largamente acreditada determinación de los separatistas de hacer caso omiso a cuanto diga el Constitucional en contra del proceso secesionista. Y lo cierto es que, desde que Artur Mas, allá por 2012, asegurara: "No nos pararán tribunales ni constituciones" –compromiso verbal reiterado por escrito en la inútilmente suspendida resolución 1/XI de 9 de noviembre de 2015–, lo cierto es que los golpistas no han cumplido una sola resolución del TC contraria a su proceso de ruptura.
La tan cómoda como insensata apuesta del Gobierno de Rajoy –y del resto de la clase política constitucionalista– de confiarlo todo a los pronunciamientos del TC supone también ignorar las propias palabras de despedida del que fuera su presidente, Francisco Pérez de los Cobos, en las que advertía de que "problemas como el llamado proceso soberanista catalán no pueden ser resueltos por este órgano".
De nada sirven constituciones, tribunales y sentencias si luego no hay un Ejecutivo regional que las cumpla o un Ejecutivo nacional que las haga cumplir. Así las cosas, y mientras la clase política constitucionalista no se atreva a suspender la Administración catalana, no tendrá derecho a escandalizarse ni siquiera cuando vea a los golpistas secuestrar el Parlamento regional.