La recuperación económica es una mala noticia para el separatismo, empecinado en contraprogramar los signos que avalan la superación de la crisis con anuncios catastrofistas sobre la inconsistencia financiera del sistema de pensiones, la temporalidad o mala calidad del nuevo empleo, la deuda y la creación de nuevas burbujas. Según Oriol Junqueras, España tendrá serios problemas para hacer frente a las pensiones en breve. Otro gran experto en nada, Carles Puigdemont, augura una tormenta sobre la prima de riesgo en otoño y el regreso de las vacas flacas, amenazas que se ciernen sobre la economía española y de las que se podrían librar los catalanes si apoyasen una república independiente.
No por sabido deja de resultar elocuente que ambos personajes estén al frente de una Administración que depende de las constantes inyecciones del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) para hacer frente a su día a día, que incluye la financiación de un golpe de Estado. A la ignorancia más abracadabrante en materia económica suman una deslealtad delictiva y una demagogia propagandística que se resume en el supremacista mensaje de que los españoles se aprovechan de los impuestos de los catalanes y el Estado estrangula la capacidad de la región y penaliza el independentismo con represalias en financiación e infraestructuras.
Esas mentiras tuvieron mucha cuerda durante lo peor de la crisis, pero comienzan a resultar demasiado groseras en el actual contexto, con el repunte, a veces tímido, pero real, de los principales sectores de la economía nacional. Si España se parece poco al bucólico panorama que pinta Rajoy, menos aún al retrato de los separatistas y sus dramáticas e inconsistentes predicciones.
En los años más duros, con el desempleo desbocado y la prima de riesgo por encima de los quinientos puntos, caló en muchos catalanes la teoría de que el separatismo podía ser una solución para salir de la crisis. Fueron los tiempos en los que el catalanismo explotó un supuesto expolio fiscal que servía para extender el infundio de que una economía catalana disgregada del resto de España tenía más opciones para salir de la crisis y recuperar los niveles de vida de comienzos de siglo. Muchos ciudadanos compraron esa mercancía, pero las circunstancias han cambiado y la independencia hace tiempo que se percibe por una gran parte de la población como un grave riesgo, y no sólo para el bienestar material. El desprecio por la democracia, las leyes y la convivencia de que hacen gala los dirigentes separatistas tiene un correlato violento. Los ataques de la CUP contra el turismo vienen a refrendar que la bonanza económica es un serio problema para el proyecto de república catalana, de la misma manera que el colapso del aeropuerto de El Prat por una huelga salvaje sirve a los propósitos separatistas de difundir la especie de que con la independencia eso no pasaría. A pesar de la inoperancia del Estado en ese caso, la bola es tan grosera que podría tornarse en contra de sus promotores. No hay más que atender a la incapacidad de la Generalidad y el Ayuntamiento para hacer frente a las hazañas antiturísticas de sus socios de la CUP o perder el tiempo en un somero repaso de los postulados económicos de estos antisistema, cuya influencia sobre las políticas del Gobierno golpista y del consistorio barcelonés viene dada porque sus votos son imprescindibles para el grotesco empeño de proclamar una república que pretenden la Dinamarca del sur de Europa y no sería más que una mala y trágica copia de la Albania comunista o la Venezuela de Maduro.