Es cierto que el Ministerio Fiscal es un órgano jerárquico y que el fiscal general del Estado es nombrado por el Rey a propuesta del Gobierno, tal y como establece el artículo 124.4 de la Constitución. No menos cierto es que el Gobierno podrá interesar del fiscal general del Estado que promueva ante los tribunales las actuaciones pertinentes en orden de la defensa del interés público, tal y como literalmente establece el artículo 8.1 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, y que, a tal fin, el presidente del Gobierno, siempre que lo estime necesario, podrá incluso dirigirse directamente al Ministerio Público, tal y como señala el artículo 8.2. del citado Estatuto.
Ahora bien, las palabras de Pedro Sánchez, tanto en el debate electoral del pasado lunes como ante los micrófonos de RNE el miércoles, en las que el presidente del Gobierno en funciones presentaba como compromiso electoral la extradición del golpista fugado Carles Puigdemont y presentaba a la Fiscalía como un organismo rendido a sus órdenes, no pueden ser más desafortunadas, al tiempo que engañosas.
En primer lugar, porque, siendo cierto que el presidente puede y debe interesar a la Fiscalía respecto de la persecución de delitos y delincuentes, no es menos cierto que es el Ministerio Publico el que imparcialmente resuelve sobre la viabilidad o procedencia de las actuaciones interesadas, tal y como también establece el articulo 8.2. del Estatuto Fiscal.
En segundo lugar, las palabras de Sánchez no pueden ser más engañosas porque ni una sola de todas las actuaciones del Ministerio Fiscal contra los golpistas catalanes con ocasión del 9-N y del 1-O fueron interesadas por el entonces Gobierno de Rajoy, sino que fueron motu proprio. Tampoco ha sido a iniciativa del Gobierno de Sánchez la reciente reactivación de la euroorden de detención contra Puigdemont, pues se trató de una decisión del juez Llarena.
Lo cierto es que el funesto Gobierno de Rajoy, entonces muy interesado en impulsar lo que luego se conocería como operación Diálogo –a cargo de Soraya Sáenz de Santamaría–, no tuvo el menor interés en que la Fiscalía mantuviera los cargos de cárcel presentados por el dimitido fiscal general del Estado Eduardo Torres Dulce, contra Mas, Ortega y Rigau por el 9-N. Otro tanto se puede decir con ocasión de las actuaciones de la Fiscalía contra los autores del 1-O, presentadas por su propia iniciativa y sólo después de que la acusación popular, ejercida por Vox, hubiera presentado cargos contra ellos.
Lo mismo se puede decir del no menos funesto Gobierno de Pedro Sánchez, que sólo se ha mostrado interesado en que la Abogacía del Estado retirara los cargos de rebelión contra los golpistas del 1-O y que ahora presenta, tan oportunista como irresponsablemente, la ya solicitada extradición de Puigdemont como compromiso electoral del Partido Socialista. Eso, al tiempo que se niega a renunciar a pactar con el partido del golpista Junqueras, como forma de sostenerse en el Gobierno.
Así las cosas, no es de extrañar la protesta de los fiscales ante tan injustificado desprecio a su imparcialidad por parte del presidente del Gbierno, y que los golpistas –empezando por Puigdemont– se hayan frotado las manos y exhibido todo su victimismo frente al sistema de administración de justicia español.
Las palabras de Sánchez, además, no pueden ser más desafortunadas si se tiene en cuenta que coinciden con la bochornosa decisión de la Justicia británica de rechazar por "desproporcionada" la orden de detención europea por la que España reclama la entrega de la golpista y exconsejera regional Clara Ponsatí
No se trata de hacer culpable a Sánchez por esta decisión judicial de un país como el Reino Unido, más interesado en salirse de la UE que en respetar la legislación comunitaria respecto de las solicitudes de extradición y detención por parte de otro país miembro de la UE. Sin embargo, es evidente que el Gobierno de Sánchez no se ha molestado en ningún momento en contrarrestar la potente campaña internacional que los golpistas están llevando a cabo en el exterior para desacreditar a la Justicia española.
Finalmente, si tan interesado está ahora Sanchez en interesar a la Fiscalía para que los golpistas catalanes acaben entre rejas, en lugar de presentar como compromiso electoral una extradición de Puigdemont que ya ha sido cursada, lo que tiene que hacer es promover actuaciones contra un golpista en ejercicio como Quim Torra, presidente de la Generlidad y actual cabecilla del inconcluso golpe de Estado separatista.