En el sainete de la república catalana, el papel que le ha tocado a Torrent es el de un oficial fatuo y petulante. Está muy bien recordar la chapuza jurídica perpetrada por el Constitucional porque efectivamente lo es. Como no está de más acentuar que tiene su origen en la necesidad de proteger al Gobierno de la metedura de pata de su marisabidilla vicepresidenta. Pero el caso es que lo que ha hecho es suspender la investidura hasta que esté asegurado que el debate será "efectivo y con garantías". ¿Qué significa esto más allá de que se suspende la investidura sine die? Seguramente, nada. Una de las cosas más reconfortantes de tener que escuchar cómo se dirigen a su parroquia los líderes independentistas es comprobar que toman a sus seguidores por tontos tanto como el resto de políticos españoles toman a los suyos por idiotas. En eso, como en tantas otras cosas, como la corrupción o el apego a las bicocas del cargo, demuestran los independentistas ser tan españolazos como el que más.
La cuestión es que Torrent pertenece a la Esquerra y la Esquerra no quiere a Puigdemont de presidente. No porque sea prófugo de la Justicia, que eso no deja de ser un valor en el activo del expresidente, ni porque no tenga la más mínima intención de volver a Cataluña mientras haya una orden de detención contra él, sino porque no es de su partido. El problema que tienen es que, una vez que el necio ha sido elevado a la categoría de mártir de la causa, no hay más remedio que esperar a que sea el Gobierno o el Tribunal Constitucional quienes se carguen su candidatura. Y el problema de la Esquerra es más grave de lo que parece porque la torpeza innata del Gobierno y la inducida del Tribunal Constitucional hacen que, aunque lo intenten, no consigan cargárselo. Con lo fácil que habría sido esperar a un conato de investidura por vía telemática que el Constitucional podría haber anulado en un pispás. Y Torrent, con lágrimas de cocodrilo, habría podido buscar y encontrar sin remordimiento otro candidato del gusto de la Esquerra.
Pero ahora el Gobierno y el Constitucional han decidido combatir el proceso armados de una suerte de justicia preventiva, que diría el Consejo de Estado, poniendo recursos contra actos no realizados y dictando autos de arúspice con los que atajar el hecho ilícito antes de que se produzca. Con tanta incompetencia, pensará Torrent, no hay manera de cargarse a Puigdemont. De forma que ha hecho lo único que podía hacer, posponer ad calendas graecas y esperar a ver si alguien le da una solución más eficaz con la que desahuciar de una vez al prófugo bobalicón y testarudo empeñado en ser presidente legal en el exilio. Si algún día pretendiera volver, habría que cerrarle el paso en la frontera y obligarle a volverse a Bélgica. Aquí no cabe un tonto más.