También lo hubiera podido titular algo así como “De cómo desarreglar lo que de suyo está arreglado”. Salvo los negacionistas a la administración de vacunas antigripales, todos los demás, sobre todo los que se la han administrado en años anteriores, tienen todo el derecho a preguntarse por qué era necesario todo esto que estamos viviendo, cuando nunca antes se planteó problema alguno.
El orden espontáneo se identifica con el mercado libre y competitivo, que, por naturaleza, si lo es, tiene canales infinitos para el encuentro de oferentes y demandantes, cada uno con sus propias preferencias pero llamados al encuentro, que es el punto satisfactorio para todos ellos.
Se fragua así un orden, que brota del ser natural de las gentes, sin que nadie lo imponga y nadie lo prohíba, y respetando la libertad de cada uno –atributo privilegiado del ser humano, de entre todos los seres creados–.
Y es que imponer o prohibir conductas o condiciones al actuar humano está, necesariamente, restringiendo o aniquilando el gran don de la libertad que a todos, como humanos, nos pertenece.
¿Por qué, entonces, la confiscación prácticamente absoluta de las vacunas antigripales por el Gobierno –no el Estado, pues éste es incorpóreo y, por tanto, carente de voluntad –, para que su distribución y administración se realicen por el sistema público de salud?
Una confiscación que, de hecho, niega la libertad de acudir a una oficina de farmacia para su adquisición, impidiendo el orden espontáneo del mercado, a pretexto de asegurar su correcta administración a todos. Y, pregunto: ¿acaso hubo en años anteriores personas que, queriéndolo, no pudieran vacunarse?
Todos los que quisieron, tanto a través del sistema sanitario público como del privado, fueron vacunados y protegidos ante el riesgo de gripe. Ya sé que el Gobierno, ignorante como nunca antes, considera que sanidad es sólo la pública, pero debería aprender, de una vez por todas, que la sanidad es un bien público, con independencia de quién lo gestione, administre o distribuya.
Prefiero no pensar que la decisión viene determinada por la posibilidad de comisiones de proveedores, para repartirse entre algunos. No; esto no lo creo. Lo que sí creo, por lo notorio en los medios, es que entre las campañas de los años 2012 y 2018 desaparecieron en el Servicio Andaluz de Salud 1,8 millones de dosis de la conflictiva vacuna. Inimaginable en el sistema privado.
Seguramente la ministra Montero podrá ilustrarnos, pues formaba parte de aquellos Gobiernos –primero en Salud… y después en Hacienda– y hoy en el del señor Sánchez. Tampoco es extraño que cosas así ocurran cuando el Gobierno asume la función del mercado.
¿Cuántos españoles quedarán sin vacunar este año, y cuántas vacunas desaparecerán como entonces? A cambio, eso sí, los socio-comunistas en el Gobierno, felices, porque han negado la libertad de los españoles y con ella destruido el mercado.