La apertura del juicio oral en el caso Nóos, en el que están involucrados sinvergüenzas de todas las clases y en el que no son menores las connotaciones políticas, tanto en el terreno partidario como en el de las altas instituciones del Estado, es una buena ocasión para retomar el asunto de la corrupción. España es, en esto, un país que sale bastante bien parado en cuanto a las comparaciones internacionales, a pesar de la mala opinión interna que se manifiesta al respecto. Es claro que la corrupción política hace ruido en nuestro caso, pero también es evidente que no ha impregnado in extenso las estructuras partidarias ni se ha introducido, más allá de algún caso puntual, en las administraciones públicas. De hecho, dentro de esa enorme proporción de ciudadanos que, según el CIS, están preocupados por la corrupción, apenas se cuentan personas que hayan sido testigos de un hecho de tal naturaleza o a las que se les hayan exigido pagos irregulares para tener el favor de los funcionarios, médicos, policías, profesores u otros trabajadores del sector público.
Los españoles somos más bien proclives a la exageración. En el caso Nóos casi nadie entenderá que a la infanta Cristina de Borbón se la exonere de toda culpa en aplicación de la exótica doctrina Botín, pues quien más quien menos ya la ha condenado hace tiempo, lo mismo, por cierto, que a los demás encausados en el asunto. Tal vez si la justicia fuera rápida -o sea, fuera justicia-, esto no pasaría, pero cuando han transcurrido tantos años desde que el tema saltara a las páginas de los periódicos, los deseos de venganza se han recocido en esa olla podrida en la que se ha acabado convirtiendo. Y es que la corrupción jode y genera un malestar que va mucho más allá de su alcance concreto. Por poner el ejemplo más significativo, podemos comparar el coste directo que los casos conocidos han supuesto para España con su coste social medido en términos de bienestar. Sobre lo primero, aunque los datos disponibles son incompletos, se puede señalar que, si sumamos todo lo que el choriceo político se ha llevado por delante durante los últimos quince años, estaríamos hablando de unos 4.900 millones de euros, lo que no es una cifra menor, pero que se queda en un promedio anual de alrededor de 325 millones. En cuanto a lo segundo, disponemos de la estimación que, basándose en los postulados de la economía de la felicidad, hizo un grupo de investigadores de la Universidad de Las Palmas liderado por el profesor Carmelo León, en la que se concluía que el malestar personal provocado por la corrupción era equivalente al que hubiera ocasionado una pérdida de renta de 39.500 millones de euros al año. O sea, que el coste social de la corrupción para los españoles excede en 120 veces a la pérdida económica real. Lo dicho: una exageración.
Claro que para exagerar están los políticos de todos los partidos cuando hablan del tema. Para ellos, corrupción de verdad es lo de los otros, nunca lo suyo. Ahí está, para ejemplificarlo, el debate, o lo que fuera aquello, que tuvieron Rajoy y Sánchez, en el que no acabaron a garrotazos porque, al parecer, son personas pacíficas y con muchas tragaderas. Cuando oigo a los socialistas hablar del presidente del gobierno siempre se mienta a Bárcenas y la Gürtel; claro que los populares no se arredran y sueltan esa retahíla que empieza en los ERE andaluces. Sin embargo, la sabiduría popular los equipara: son todos lo mismo, dicen; unos hijos de tal o cual. Y ciertamente no va mal encaminada cuando se refiere a los que mandan de verdad, al PP y al PSOE, porque cuando se mide su corrupción con relación a su poder político, tal como he hecho en mi libro La pachorra conservadora, entonces apenas se diferencian unos de otros. Esos partidos han tenido, en lo que va de siglo, en torno a 25 casos de corrupción por cada millón de votos en las elecciones al Congreso. Y si se mira a los demás se observa en general lo mismo, con diferencias que no son demasiado grandes. Por poner sólo un ejemplo, entre los nacionalistas, el PNV o ERC tienen menos casos de corrupción que Convergencia y su hasta hace poco socio Unió Democrática de Catalunya. No obstante, hay que añadir que, con el mismo criterio, algunos pequeños partidos regionales o locales aparecen como verdaderas organizaciones delictivas, como ocurre con Coalición Canaria, el GIL que en su día fundó Jesús Gil, el Partido Andalucista o la Unió Mallorquina de María Antonia Munar.
O sea, que en esto de las corrupciones también hay clases. Y lo malo es que, en el tótum revolútum que se forma con el tema -seguramente porque los periodistas son de letras, les asustan los números y lo mismo les da cinco que quinientos-, se hacen pocas distinciones. Lo dicho: son todos unos hijos de mala madre y total que, para lo que hay, es mejor cabrearse con el universo completo. No me extraña que, en estas circunstancias, los politólogos -que se han trabajado este asunto no con aproximaciones literarias sino con modelos matemáticos- hayan llegado a la conclusión de que los electores, cuando depositan su papeleta en la urna electoral, no tienen en cuenta la corrupción para decidirse por uno u otro candidato. Y si la tienen es sólo en una minoría tan estrecha que no influye sobre los resultados. De esta manera, los políticos corruptos no se ven sancionados electoralmente y expulsados del foro público. Suma -los euros robados al erario, se entiende- y sigue -mandando y, si hay ocasión, robando, naturalmente-. No me extraña que aquel gran observador de la Italia meridional -tan influida por la cultura española desde los tiempos del Gran Capitán-, y también de España, que fue Leonardo Sciascia sentenciara en su lecho de muerte, en un hospital de Milán, lo siguiente:
Vivimos rodeados de porquería y lo que vemos habitualmente no nos lleva a ninguna salida posible del pesimismo porque todos somos culpables, aunque el poder sea el culpable principal.