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Pablo Planas

Segundo asalto a la unidad de España

Las encuestas apuntan a que los separatistas sumarán más del 50% de los votos, lo que desencadenará una reedición del proceso separatista.

Pablo Planas
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Las encuestas apuntan a que los separatistas sumarán más del 50% de los votos, lo que desencadenará una reedición del proceso separatista.
Cordon Press

Se cumplen tres años del Pleno de la Vergüenza, una sesión de dos días en el Parlamento catalán en la que se convocó el referéndum ilegal del 1-O y se tramitaron las leyes de desconexión. Ocurrió entre el 6 y el 7 de septiembre de 2017 y fue el pistoletazo de salida del golpe de Estado que culminaría casi dos meses después con la proclamación de la república catalana en ese mismo escenario.

Aquella sesión tendría que haber dado paso inmediato a la aplicación del artículo 155 de la Constitución, pero como todo eso de Cataluña y el procés era un "lío" que llevaba Soraya y a Mariano le daba una pereza inmensa, los golpistas catalanes pudieron seguir adelante con sus planes y celebrar el referéndum con la única oposición del Rey y unos Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado que fueron enviadas a Cataluña para cubrir el expediente político, cuando se tendría haber intervenido el mando de los Mossos para que fueran estos quienes trataran de impedir la votación.

La gestión del Gobierno de Rajoy propició un desastre descomunal que se paga y se pagará durante años. En aquellas semanas el Ejecutivo tuvo varias oportunidades para acabar con el separatismo. Rajoy podría haber pasado a la historia como el presidente que aseguró para las generaciones venideras la unidad de España, pero lo hizo todo mal. Como es conocido, acabó sus días políticos en el reservado de un restaurante bebiendo whisky mientras el bolso de Soraya ocupaba su escaño. Un final digno de tal personaje.

Carles Puigdemont reconoce en sus memorias que si se hubiera aplicado el 155 en toda su extensión y de la forma en que él se temía, no hubiera quedado piedra sobre piedra en el independentismo. Se optó por una intervención débil y timorata, por un control laxo y patético de parte de la administración autonómica, por una fiscalización burocrática que fue la risa de los altos cargos separatistas. Con decir que Elsa Artadi era la persona de confianza de los hombres de negro del Estado está dicho todo. Por la mañana despachaba con los enviados de Mariano y por la tarde deshacía lo convenido y lo comentaba con Puigdemont.

Lo extraordinario del caso es que haya golpistas en la cárcel, pero la situación de Junqueras, los Jordis o Carme Forcadell llama a engaño. A diferencia de compañeros suyos como Carles Mundó (exconsejero de Justicia) o Meritxell Borràs (exconsejera de Gobernación), decidieron sacar pecho en vez de exhibir un falso arrepentimiento y a los jueces no les quedó más remedio que mantenerlos en prisión primero y condenarlos después. En definitiva, se inmolaron. No tardarán en salir y los tres años en la cárcel habrán sido una gran inversión para sus carreras políticas.

En cuanto a lo que se denominó con un exceso de optimismo "bloque constitucionalista", Ciudadanos va camino de una caída electoral de impacto, el PP seguirá en la irrelevancia aunque doble escaños (ahora tiene cuatro) y el PSC se apresta a sumar algunos votos de Ciudadanos para suplicar a ERC que le admita en la mesa de la gobernación de Cataluña, en compensación por el magnífico trato que Sánchez dispensa a un tipo como Rufián. Lo único positivo es que Vox entrará en el Parlament y sus señorías tendrán que escuchar que Cataluña es una región y que "Generalitat" en español es "Generalidad".

Sin embargo, todas las encuestas apuntan a que los partidos separatistas sumarán en las próximas elecciones autonómicas más del cincuenta por ciento de los votos, lo que desencadenará una reedición del proceso separatista mucho más peligrosa aún que la primera parte. Será el segundo asalto a la unidad de España. Tres años después de todo aquello, la Generalidad estaría todavía intervenida y el Parlament cerrado si se hubiera activado de verdad el artículo 155. La realidad es que la Generalidad está en manos de Torra por delegación de Puigdemont y la cámara regional es la cantina de los separatistas.

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