Cataluña se encuentra en situación de quiebra técnica. La deuda catalana asciende de 72.283 millones de euros, lo que supone un 35% de su PIB. Una losa que el gobierno separatista de Barcelona, convertido en un apestado para los mercados financieros, no es capaz de refinanciar. Por mucho que nos quieran vender la construcción de una Suiza mediterránea la realidad es muy distinta: las agencias de rating dan a Cataluña la misma calificación crediticia que a Pakistán, Honduras o Bosnia-Herzegovina.
Esa es la única razón por la que al gobierno de Puigdemont no le queda otro remedio que acudir al Fondo de Liquidez Autonómico. En total la petición asciende a 7.500 millones de euros, un 29% de lo destinado para todas las regiones españolas durante todo el ejercicio 2016.
La situación empeora año a año. En 2007 la deuda de Cataluña era de 15 mil millones de euros. En nueve años se ha multiplicado por cinco. Tenía razón Societat Civil Catalana en su exitosa concentración del pasado 31 de enero: No es España, sino el Procés, quién está robando a los catalanes. Cataluña, después de cuatro años de locura separatista no solo está más crispada y dividida: también está completamente arruinada.
Como consecuencia de este desbarajuste financiero y de la inestabilidad política y jurídica, se ha producido una desbandada de empresas, las inversiones están paralizadas y el déficit público sigue descontrolado.
Cataluña no puede atender las nóminas de sus funcionarios ni sus obligaciones con las farmacias y centros sanitarios. Hace menos de una semana la Generalidad solicitaba un anticipo que ascendía a 1400 millones de euros (un trato de favor respecto a otras comunidades que no cobrarán hasta julio), amenazando con que podrían producirse impagos en nóminas y proveedores, incluyendo farmacias y conciertos sanitarios.
También han solicitado recientemente al Estado pasar parte de sus deudas a corto plazo a largo plazo a través del FLA (1600 millones). La situación es tan desesperada que el propio Oriol Junqueras ha tenido que ir a visitar este viernes a Montoro para que les conceda de modo inmediato un anticipo de 350 millones.
¿Qué hace el Gobierno en esta situación? ¿Acaso exige que se paralice la tramitación de las Leyes de Desconexión? ¿Por ventura, les indica que no es de recibo que, estando en bancarrota, se dediquen a crear 140 oficinas de una hacienda catalana ilegal y 25 nuevas "embajadas? ¿Acaso condiciona la liquidación del fondo a la paralización de las pomposamente llamadas “Estructuras de Estado"?
Nada de eso. Simplemente se contenta con pedir lo que ya es de por sí una obligación de cualquier Gobierno: que ese dinero vaya a pagos de proveedores. Como si eso sirviera para parar los planes de los separatistas.
Parece que Rajoy, un presidente cuyo futuro político pende de un hilo y que no fue capaz de actuar cuando tenía una mayoría absoluta, no va a ser capaz de empuñar con mano firme las herramientas que les da nuestro Estado de Derecho.
La alternativa a Rajoy, un gobierno de concentración nacional de tres partidos constitucionalistas que han sido incapaces de ponerse de acuerdo en el Congreso para defender la Unidad de España, parece que tampoco va a ser la solución.
Un adagio antiguo dice que "por sus frutos los conoceréis". Muy podrido debe estar este árbol para producir semejantes problemas. La actuación de los separatistas se puede explicar por la maldad del que está dispuesto a la ruina de todos para conseguir su interés particular o por la locura, esa especie de ceguera de la razón que impide ver lo evidente.
Nuestro país necesita una profunda regeneración y nuevas fuerzas políticas que desde la honradez, el sentido común, la moderación y el trabajo sepan defender el interés general sin que les tiemble el pulso ante desafíos y latrocinios. Es la única forma de poner coto a tanta locura y tanta maldad.
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