Audiencia Nacional

Una instrucción de Baltasar Garzón vuelve a ser rectificada por la Audiencia Nacional. La jurisdicción central ha excluido a Nicolás López de Coca, ex director general del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), del juicio por supuesto fraude en el cobro de ayudas europeas al lino. Su imputación fue una decisión de Garzón que se hizo pública tres días antes de las Elecciones de 2003 y sirvió a José Bono para cerrar su campaña. La Audiencia Nacional ha concluido ahora que Garzón no era competente para juzgar a López de Coca, un correctivo similar al que ha recibido por el caso de un informe sobre ETA y el 11-M falsificado por cargos del Ministerio del Interior. Jaime Ignacio del Burgo ha señalado a Libertad Digital que la "cacería política" emprendida por Bono "puede costar a España una sanción de 120 millones de euros por la UE".

El PSOE ya ha anunciado que la persecución no se detendrá en los tres funcionarios de la Policía Científica que informaron de un supuesto vínculo de ETA y el 11-M, a los que Garzón ha criminalizado mediante un auto que ha causado escándalo por su inconsistencia y porque se entromete en un caso que no es de su competencia. Diego López Garrido ha indicado que los siguientes deben ser los "instigadores" de la falsificación que Garzón imputa a los tres peritos, reputados como "los mejores en su especialidad". El País los ha señalado: son Agustín Díaz de Mera y el diario El Mundo , a los que acusa de montar una "trama" para fabricar pruebas. El ex director de la Policía ha exigido al diario progubernamental una rectificación inmediata. LEA AQUÍ el análisis de Luis del Pino; y AQUÍ, el auto judicial.

La Confederación Española de Policía ha defendido la inocencia y resaltado el prestigio internacional de los tres peritos de la Policía Científica a los que el juez Garzón ha imputado un supuesto delito de falsificación de documentos, una práctica de la que ellos han sido víctimas, al ver cómo un informe en el que apuntaban un posible vínculo de ETA con el 11-M fue mutilado antes de su entrega al juez. El sindicato recuerda que los tres funcionarios perseguidos por Garzón y el Ministerio del Interior, con el eco de El País y ABC, "son reconocidos como los mejores expertos". El SUP evita defenderlos y despacha el escándalo por el auto judicial diciendo que todo obedece a una "batalla entre políticos".  LEA AQUÍ el análisis de Luis del Pino; y AQUÍ, el auto judicial.

El PP no será un obstáculo para la destrucción civil de los tres expertos policiales que informaron de un posible vínculo de ETA y la trama del 11-M, y cuyo trabajo fue falsificado por sus superiores. El portavoz de Justicia e Interior de los populares ha apelado a "la necesaria cautela" ante el auto del juez Garzón que imputa un delito de falsificación a los tres peritos que fueron víctimas de esa misma práctica, como, de hecho, ha apreciado la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Ignacio Astarloa ha manifestado a COPE que, "ante todo, máxima cautela" para una actuación judicial que remata la ofensiva del Gobierno, y de El País y ABC, para criminalizar a los tres peritos. El PP constata, eso sí, su "sorpresa" por la decisión de Garzón. LEA AQUÍ el análisis de Luis del Pino; y AQUÍ, el auto íntegro del juez Baltasar Garzón.

La Audiencia Nacional decidirá el próximo 5 de octubre la sanción que se debe imponer al juez de este tribunal Juan del Olmo por no prorrogar a tiempo la prisión provisional de Saed El Harrak, uno de los procesados por los atentados terroristas del 11 de marzo de 2004 en Madrid. El error del magistrado tan sólo fue considerado por el CGPJ como una "falta leve" pese a que el servicio de inspección lo calificó como una "falta muy grave de desatención", algo llamativo después de que el mismo órgano sancionara a otro juez por una falta muy grave por incluir consejos religiosos en sentencias de divorcio.

Lo que la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha dictado este lunes son 23 autos sobre los recursos de apelación presentados por las defensas contra el auto de procesamiento del juez Del Olmo. Todos han sido rechazados. En uno de ellos, el que corresponde al recurso de Rafa Zouhier, la Sala contesta a su defensa que se pregunta por "cuál es el explosivo utilizado en los atentados y cuál su procedencia". La respuesta es que esa cuestión "además de ser igualmente contestada por el Ministerio Fiscal, figura perfectamente acreditada en los dos autos recurridos". Resumiendo: Goma 2 ECO de la Mina Conchita. Pero sigue sin haber rastro del informe de los explosivos que estallaron en los vagones.

Se queda con el caso. El juez Baltasar Garzón se hará cargo de la denuncia sobre la manipulación del informe policial del 11-M interpuesta por España y Libertad y llamará a declarar al comisario Santano y a los cuatro peritos que firmaron los informes. La Fiscalía de la Audiencia Nacional decidió desviar la demanda al titular del Juzgado Central de Instrucción 5 por entender que está relacionado con un sumario abierto por él tras los atentados de Casablanca. Es en esa pieza donde aparece El Haski, al que luego se le encontró el ácido bórico que la policía relacionó con ETA sin éxito.

La presión judicial sobre ETA aumenta, tras la revelación de Julen Madariaga de que medió con el PSOE para un contacto con la banda terrorista antes de las Elecciones de 2004. Las negociaciones formales de Gobierno y ETA ya habrían comenzado en estos días, según asegura el PNV, pero algunos órganos judiciales han decidido ahora apretar la Ley sobre los proetarras. A la decisión de Garzón, a petición de la Fiscalía, de prohibir la manifestación a favor de los presos convocada por Askatasuna, se ha unido este viernes la iniciativa de la Fiscalía de pedir penas de 12 años de prisión para tres imputados por terrorismo callejero, aunque estos han asegurado que desde entonces se encuentran "reinsertados" y "totalmente desvinculados"de este tipo de violencia.

La Audiencia Nacional ha dictado un auto en el que rechaza el recurso presentado por la familia Sanahuja, primer accionista de Metrovacesa, para demandar medidas cautelares contra la Oferta Pública de Adquisición de acciones (OPA) formulada sobre la inmobiliaria por su presidente, Joaquín Rivero, según han informado fuentes de Cresa, sociedad patrimonial de los Sanahuja.