Cuerpo Nacional de Policía

El secretario general de PP balear, José María Rodríguez, ha pedido la comparecencia en el Congreso de los Diputados del director general de la Policía y Guardia Civil, Joan Mesquida, para que explique si ha ofrecido información privilegiada al secretario general del PSIB-PSOE, Francesc Antich. Información que supuestamente se utilizó a la hora de investigar presuntos delitos urbanísticos en ayuntamientos del PP en Baleares. También, han solicitado "de forma urgente" la comparecencia ante el Juzgado que instruye el "Caso Ciempozuelos", de los comisarios generales de la Policía Científica, Miguel Ángel Santano, imputado por el informe del ácido bórico, y de la Policía Judicial, Juan Antonio González García, también sospechosos de filtrar información a los socialistas. Manos Limpias ya pidió el cese de Mesquida.

Según revela este viernes el diario El Mundo, los policías involucrados en el tráfico de Goma 2 y detonadores están siendo también investigados por la Brigada Provincial de Información de Madrid por delitos relacionados con el tráfico de armas y con un asesinato. Además, algunos de ellos son también sospechosos de participar en una trama de narcotráfico: estos agentes se quedaban con una parte de la droga decomisada en las operaciones antidrogas de la capital para luego volverla a poner en el mercado a través de terceros. La Policía sospecha que uno de ellos colaboró en la muerte de un delincuente que descubrió dichas actividades ilegales. LEA AQUÍ el análisis de Luis del Pino.

El juez del "caso Cimpozuelos" ha tomado declaración al comisario jefe de la Comisión antiblanqueo, Miguel García Izquierdo, a quien el magistrado cambió su condición de testigo a imputado. También, ha comparecido como imputado Jiménez Ramos, jefe de la Brigada de Delitos Monetarios, quien ha declarado que "no se explica" por qué la información estuvo en un cajón "cuatro meses". El juez no ha impuesto medidas cautelares, pero ha decidido no secundar la petición del fiscal en la que solicitaba que la parte de la causa que atañe a los policías se trasladara a otro juzgado. Por otra parte, Manos Limpias considera que el dinero puede estar en manos del PSOE. 

Pese a las reiteradas peticiones del Partido Popular de conocer los datos de criminalidad en España durante la actual legislatura, el Gobierno que preside José Luis Rodríguez Zapatero aún no ha concretado las cifras de delincuencia en nuestro país. De hecho, en junio de 2005, el Secretario de Estado de Seguridad envió a la oposición un documento en el que indica que "sólo se difundirán los datos estadísticos y los análisis de evolución de la criminalidad que, con la periodicidad que se establezca, sean remitidos por la Secretaría de Estado de Seguridad". Hasta ahora no se ha producido dicha difusión de los datos. Reproducimos a continuación la Instrucción 9/2005 sobre "Difusión de datos estadísticos sobre la evolución de la criminalidad".

El inspector jefe de la Comisión antiblanqueo declaró ante el juez del caso Ciempozuelos que sus superiores le ordenaron parar las investigaciones, así como que le añadieron dos párrafos más al informe que había redactado. García Novoa remitió el informe a sus superiores el 15 de septiembre, sin embargo, estos no lo investigaron hasta mediados de octubre. Por su declaración, el comisario jefe García Izquierdo ha pasado de testigo a imputado. La Comisión antiblanqueo está participada por la Policía Nacional, Guardia Civil, Agencia Tributaria y Banco de España, y su presidente es el secretario de Estado de Economía David Vegara, quien este martes afirma que dicha Comisión actuó con "la máxima diligencia". Por otro lado, no se descarta la imputación del marido de Ruth Porta.

El secretario general del PP ha abogado por poner en marcha un modelo policial con más efectivos que sirva "para toda España" y como "alternativa" a las políticas "relativistas y progres" del PSOE que, bajo su punto de vista, han dado como resultado que "muchas casas y barrios se estén bunquerizando". De esta manera se ha expresado Ángel Acebes en la inauguración de la Conferencia sobre Seguridad que el PP celebra hasta el sábado, en la que han intervenido, entre otros, el alcalde de Madrid. Ruiz Gallardón ha reclamado para los regidores de las grandes ciudades la coordinación de todas las Fuerzas de Seguridad, mientras que la presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre, ha defendido la "tolerancia cero" con los delitos de los menores.

El alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, ha reclamado este viernes para los alcaldes de las grandes ciudades la coordinación de todas las Fuerzas de Seguridad que operan en ellas, lo que en la capital, por ejemplo, supondría que el Cuerpo Nacional de Policía, la Guardia Civil y la Policía Municipal estuvieran a las órdenes del regidor. Gallardón, que participó en las jornadas sobre seguridad que el PP celebra hasta este sábado, apeló directamente al "modelo americano". Esperanza Aguirre, habló de "tolerancia cero" con los delitos de los menores y Ángel Acebes alertó contra la posibilidad de que haya "17 policías diferentes y ninguna capaz de actuar en todo el territorio".

Una macroredada contra las redes organizadas de prostitución callejera llevada a cabo por la Policía Nacional y la Guardia Urbana en el barrio del Raval y los aledaños de la ronda de Sant Antoni de Barcelona ha terminado con la detención de más de 110 personas. La operación, que ha comenzado a las seis de la mañana de este miércoles, es la mayor redada efectuada nunca en Barcelona contra redes de prostitución y ha comportado la entrada y registro de 24 viviendas, donde los presuntos proxenetas, la mayoría de nacionalidad rumana, explotaban a las mujeres, muchas de ellas en situación irregular en España. El alcalde de Barcelona, Jordi Hereu, ha declarado que detrás de esta operación "hay meses de investigación".

Agentes del Grupo de Asuntos Internos de la Policía han detenido al jefe del Grupo de Atracos de la Policía Nacional de Palma como sospechoso de haber recibido presuntamente importantes cantidades de dinero de uno de los clanes de narcotráfico del poblado de Son Banya, en la capital balear. La operación supuso también la detención de la compañera del policía, que es abogado. Los acusados podrían haber percibido alrededor de 400.000 euros para que un cliente de la mujer no testificara en contra de sus integrantes, por lo que podrían ser acusados de un delito de cohecho.