Junta de Andalucía

Cuatro años después, la nueva titular de Justicia, Evangelina Naranjo, ha mostrado su desparpajo en el Parlamento andaluz prometiendo poner en marcha las ciudades de la Justicia de cinco provincias, entre ellas la de Sevilla. Su antecesora en el cargo, María José López prometió lo mismo en su primera intervención parlamentaria y en concreto dejar terminada en esa legislatura la de Sevilla que en ese momento acumulaba ya siete años de retraso. Fue en 2004. Pero la de la capital andaluza, ni siquiera está empezada aunque lo prometió el mismo Chaves en 2004.

Javier Arenas ha anunciado que su formación política pretende llegar «hasta el final» en el tema del reparto injusto de la publicidad institucional en dos escenarios: el Parlamento y los tribunales de justicia. Según el popular, al tratarse de fondos públicos, determinadas conductas de la Administración pueden rozar el Código Penal. El otorgamiento caprichoso de ayudas de los diferentes estamentos de la Junta a los medios de comunicación ha perjudicado gravemente a ABC, El Mundo, la COPE y otros como ya publicó Libertad Digital la semana pasada.

El Partido Popular de Andalucía emplazó este miércoles a la consejera de Obras Públicas y Transportes, Mar Moreno, a poner fechas ciertas para la finalización de las obras previstas por la Junta y que todavía no se han llevado a término. A juicio de los populares no es admisible que el señor Chaves se comprometiese en el Debate de Investidura de abril de 2004 a realizar unas infraestructuras y meses después las guardase en el cajón. De hecho, en la pasada campaña electoral prometió iniciar estas obras para dar trabajo a los 93.635 parados de la construcción.

Cuenta este jueves El Mundo que el boicot de la Junta de Andalucía a este diario llega a Internet y que la prueba definitiva de tal censura sin precedentes la que logrado un profesor de Lengua y literatura. La prueba obtenida certifica la censura desplegada por la Consejería de Educación contra la página de este diario,  precisamente en los días en  que informaba del veto del Gobierno presidido por Manuel Chaves a esta cabecera en el reparto de publicidad institucional, noticia anticipada por www.porandalucialibre.es y Libertad Digital la semana pasada. ¿Lo hará con más portales webs y periódicos?

El gobierno socialista que gobierna en Sevilla con el apoyo de Izquierda Unida se ha negado a facilitar los datos profesionales del pariente del alcalde, su currículum, una cuestión clave para justificar la contratación de un diseñador carente de bagaje de envergadura suficiente. Recordarán que Félix Alfredo Sánchez Tavira, primo hermano del alcalde, Alfredo Sánchez Monteseirín, fue contratado por la empresa municipal de aguas EMASESA para diseñar, al menos en teoría, el portal web del Plan Estratégico Sevilla 2020, organismo municipal, página que no se sabe si hizo en efecto o no el primo del alcalde.

El círculo de empresas andaluzas de la construcción, consultoría y obra pública CEACOP ha denunciado este miércoles que el Gobierno central excluye de la adjudicación de obra pública a las empresas andaluzas en beneficio de un grupo de presión de Madrid integrado por seis multinacionales que consiguen el 70% de las obras. Con esta actuación, el Gobierno incurre en una "ilegalidad", ya que para adjudicar las obras a esas grandes empresas baja en torno a un cuarenta por ciento el valor real de las mismas, y eso además supone un "enriquecimiento ilícito" de la Administración, han denunciado el vicepresidente del CEACOP, Enrique Figueroa, y el secretario general, Ignacio Díaz.  Lamentablemente, no señalan qué empresas son y cuáles son las relaciones de éstas con el gobierno socialista.

Sólo en Cádiz, 103 personas que esperaban estas prestaciones han muerto antes de recibirla. El secretario general del PP-A, Antonio Sanz, aseguró ayer que sólo el 15 por ciento de las 74.000 personas reconocidas por la Junta como grandes dependientes(11.100) reciben alguna prestación, por lo que ha dicho que "entiende" y "comprende" que los perjudicados se planteen acudir a los tribunales. Sin embargo, según los últimos datos oficiales publicados por la Consejería de Igualdad y Bienestar Social, la cifra de dependientes, grandes y severos, que disfrutan de una prestación gracias a esta norma se eleva a más de 43.000.

 Según la Cámara de Cuentas de Andalucía, hasta 8 años se tarda en entregar una Vivienda de protección Oficial, si en su gestión intervienen las empresas promotoras públicas. Hasta El País se ha hecho eco de este nuevo escándalo que pone en duda la efectividad del Pacto por la Vivienda impulsado por Manuel Chaves en plena precampaña electoral de 2008. ¿Quién va a creerse las cifras y datos del Pacto por la Vivienda tras el informe de los resultados de la inspección de la Junta de Andalucía?

Los ayuntamientos andaluces dedican un 30 por ciento de sus presupuestos a cubrir competencias ajenas, sobre todo, de la Junta de Andalucía.  Las corporaciones locales financian, en un porcentaje que oscila entre el 70 y el 80 por ciento, las políticas sociales que son competencia de administraciones como la Junta. El gasto de los ayuntamientos en estas partidas no es compensado por la administración autonómica, que no hace frente a la deuda que mantiene con los ayuntamientos y que el PP cifró meses atrás en unos 12.000 millones de euros.