Junta de Andalucía

El círculo de empresas andaluzas de la construcción, consultoría y obra pública CEACOP ha denunciado este miércoles que el Gobierno central excluye de la adjudicación de obra pública a las empresas andaluzas en beneficio de un grupo de presión de Madrid integrado por seis multinacionales que consiguen el 70% de las obras. Con esta actuación, el Gobierno incurre en una "ilegalidad", ya que para adjudicar las obras a esas grandes empresas baja en torno a un cuarenta por ciento el valor real de las mismas, y eso además supone un "enriquecimiento ilícito" de la Administración, han denunciado el vicepresidente del CEACOP, Enrique Figueroa, y el secretario general, Ignacio Díaz.  Lamentablemente, no señalan qué empresas son y cuáles son las relaciones de éstas con el gobierno socialista.

Sólo en Cádiz, 103 personas que esperaban estas prestaciones han muerto antes de recibirla. El secretario general del PP-A, Antonio Sanz, aseguró ayer que sólo el 15 por ciento de las 74.000 personas reconocidas por la Junta como grandes dependientes(11.100) reciben alguna prestación, por lo que ha dicho que "entiende" y "comprende" que los perjudicados se planteen acudir a los tribunales. Sin embargo, según los últimos datos oficiales publicados por la Consejería de Igualdad y Bienestar Social, la cifra de dependientes, grandes y severos, que disfrutan de una prestación gracias a esta norma se eleva a más de 43.000.

 Según la Cámara de Cuentas de Andalucía, hasta 8 años se tarda en entregar una Vivienda de protección Oficial, si en su gestión intervienen las empresas promotoras públicas. Hasta El País se ha hecho eco de este nuevo escándalo que pone en duda la efectividad del Pacto por la Vivienda impulsado por Manuel Chaves en plena precampaña electoral de 2008. ¿Quién va a creerse las cifras y datos del Pacto por la Vivienda tras el informe de los resultados de la inspección de la Junta de Andalucía?

Los ayuntamientos andaluces dedican un 30 por ciento de sus presupuestos a cubrir competencias ajenas, sobre todo, de la Junta de Andalucía.  Las corporaciones locales financian, en un porcentaje que oscila entre el 70 y el 80 por ciento, las políticas sociales que son competencia de administraciones como la Junta. El gasto de los ayuntamientos en estas partidas no es compensado por la administración autonómica, que no hace frente a la deuda que mantiene con los ayuntamientos y que el PP cifró meses atrás en unos 12.000 millones de euros.

Se sabe desde siempre que el PSOE andaluz no respeta ni las instituciones ni el espíritu institucional. Si el mínimo sentido democrático exige que la publicidad institucional, que se refiere a todos y se paga con dinero de todos, se distribuya con arreglo a la audiencia real de los diferentes medios de comunicación,  os "repartos" de Zarrías son realmente escandalosos. No es que dedique menos dinero a los medios críticos. Es que no les da ni un euro. Nada. Eso sí, a los amigos, el oro y el moro.

El Barómetro Empresarial de Andalucía, publicado por el Instituto de Estadística de Andalucía, arroja el dato de que los empresarios andaluces son pesimistas respecto a la marcha de la economía andaluza. Hace poco se supo que el índice de confianza cayó en el primer trimestre hasta los 20 puntos negativos. 2007 finalizó con una leve mayoría optimista según ese mismo barómetro. En el primer trimestre de 2008, el índice de confianza empresarial está situado en los -14,96 puntos mientras que a finales de 2007 lo estuvo en 12,08 puntos. Esto en sólo tres meses.

 

La Federación de Consumidores en Acción de Andalucía-FACUA, en cuya fundación están importantes dirigentes de la izquierda andaluza, está denunciando irregularidades y favoritismos partidistas en las políticas de Consumo de la Junta de Andalucía en los ámbitos de la representación institucional y la concesión de subvenciones. FACUA Andalucía advierte que el Gobierno lleva dos legislaturas intentando distorsionar el desarrollo del movimiento de consumidores, negándose a evaluar y verificar objetivamente los niveles de representatividad de cada organización para beneficiar a la Unión de Consumidores de Andalucía-UCA/UCE, por el mero hecho de estar vinculada al PSOE.

El pasado 30 de abril informábamos que el PSOE había decidido acabar con Manuel Ángel Vázquez Medel, presidente del Consejo Audiovisual de Andalucía. El motivo es haber reconocido que la Radio Televisión Andaluza ha sido utilizada de manera sectaria y partidista en la pasada campaña electoral, un hecho que sido certificado por la Junta Electoral. Dado el apoyo de Vázquez Medel a esta resolución, su suerte estaba echada. Pues ya se ha tenido que ir, es decir, han conseguido echarle.