Tribunal Constitucional

El magistrado de la Sala del 61 del Tribunal Supremo Juan Saavedra afirmó este jueves en Pamplona que no corresponde al Alto Tribunal "irrumpir en la vida política" y añadió que "nadie en la sala del 61 cree que se pueda actuar de oficio contra partidos políticos", en referencia al caso de Acción Nacionalista Vasca. Sobre la decisión del Gobierno y de la Fiscalía de impugnar listas de ANV y no el propio partido, el magistrado recalcó que "es una decisión política del Gobierno" sobre la que no tiene "nada que opinar"."Que cada uno saque las conclusiones que quiera, pero eso es lo que se dice en los autos", añadió.La ley que no preveía un Gobierno a favor de ETA"Si no hay candidaturas habrá una T-5"

La Fiscalía defiende en su escrito ante el Constitucional que el auto del Supremo que anuló 133 listas de ANV no entró en ningún momento a establecer la "sucesión estricta y en bloque de un partido ilegal (Batasuna) por otro legal" ni pretendía la ilegalización del sucesor, sino que se limitó a invalidar, tal y como le había solicitado esta parte y la Abogacía del Estado, las "maquinaciones defraudatorias" realizadas a través de "candidaturas debidamente infiltradas de elementos claros de contaminación". La Fiscalía olvida que el auto del Supremo afirmaba en su página 36 que se debería haber pedido la ilegalización total de ANV y en la 37 que la no solicitud de la ilegalización les dejaba maniatados para actuar de oficio.La ley que no preveía un Gobierno a favor de ETA"Si no hay candidaturas habrá una T-5"

El Tribunal Constitucional admitió este miércoles a trámite el recurso de amparo presentado por Acción Nacionalista Vasca (ANV) contra la anulación de 133 de sus listas el pasado domingo por el Tribunal Supremo, según consta en una providencia hecha publica por el alto tribunal. También se acuerda que el recurso sea resuelto según los trámites previstos para los recursos contencioso electorales, por lo que se tendría que dictar una resolución antes de las 24.00 horas de este jueves, momento en el que comenzará la campaña electoral.

Lejos de rectificar, el recién nombrado ministro de Justicia ha renovado las críticas que lanzó al CGPJ el día de su toma de posesión. Fernández Bermejo ha dicho que la supervivencia en funciones de sus miembros "deslegitima" al órgano de Gobierno de los jueces y ha asegurado que "no es querido en el mundo de la justicia". Según Bermejo, "no ha tenido la respuesta institucional" que esperaba y ha lamentado que esté "siempre en el ojo del huracán". Tras las críticas, se ha ofrecido para transformarlo: "Voy a empeñarme en dedicarle tiempo y esfuerzo para que tenga el respaldo que merece y encontrar vías para ello".

ERC ha decidido desistir del "plan B" anunciado antes de Semana Santa, según el cual si el Tribunal Constitucional (TC) revoca o recorta el Estatuto de Cataluña la reacción sería plantear un referéndum de autodeterminación, y dice ahora que esta medida "no se planteará inmediatamente", sino que se optará por tratar de crear una mayoría social favorable a la independencia que permita, "a largo plazo", esta opción. La estrategia de ERC pasa primero por "tener más fuerza en la política española" para recuperar "todas las piezas perdidas desde el Estatut del 30 de septiembre" y "tejer las condiciones para que Catalunya en el futuro pueda dar el paso" hacia la independencia. Con este guión, Joan Ridao, portavoz parlamentario de ERC, explicó cómo su partido pretende "combatir políticamente" una sentencia del TC desfavorable que, reconoció, habría que "acatar legalmente".

Brutal, brutal y brutal. Así percibe el extemporáneo ministro de Justicia fenómenos tan heterogéneos como la "frustración brutal" del PP tras las Elecciones de 2004, las "presiones brutales" a los jueces del Constitucional durante su deliberación del Estatuto de Cataluña o el "crimen brutal" del 11-M. Para Mariano Fernández Bermejo, no hay matices. Todo lo que no le gusta, es "brutal". En una entrevista publicada este domingo por El Periódico, se desmarca del estado de "frustración" animal de los dirigentes de la Oposición: "Si a mí me hubiera pasado lo que a ellos, estaría igual de frustrado, pero con una diferencia, me habría ido a casa", reconoce.

Con una reunión celebrada entre el secretario de Estado de Justicia y la consejera del Ejecutivo autonómico han comenzado las negociaciones para transferir a Cataluña varias competencias sobre notarías y registros, entre ellas la de la convocatoria de oposiciones. Aceleran así el cumplimiento de uno de los artículos del Estatuto pese a que el texto se enfrenta a varios recursos en el Constitucional que podrían acabar invalidándolo. Lo más revelador, sin embargo, no son las nuevas competencias que adquiriría la Generalidad sino el título que encabezó el encuentro: "Declaración conjunta sobre las actuaciones de los gobiernos de España y Cataluña".

Sobre el Estatuto de Cataluña, Josep Lluís Carod Rovira se muestra disconforme con que "una docena de magistrados reunidos a 600 kilómetros de aquí desvirtuasen el Estatut" porque "en democracia la última palabra debe ser del pueblo". Rovira aludió, también, en una entrevista a El Periódico, que la oferta de su partido de entregarle la Generalidad de Cataluña a CiU a cambio de un referéndum de autodeterminación puede haber afectado la imagen del tripartito pero que la traición de ERC al PSC  sólo fue una "falta de coincidencia" entre los partidos que forman gobierno "en una sola votación" en el Parlamento catalán y explicó que en el Ejecutivo "no ha habido ninguna crisis".

El presidente de la Generalidad ha dejado su clara su postura ante una eventual decisión del Constitucional en contra del Estatuto. Tras sus intentos de paralizar la recusación de Pérez Tremps y de contrarrestarla con otra recusación, los anuncios de un "plan B" y la oferta de un referéndum indepententista de sus socios de ERC, Montilla ha optado ahora por advertir que Cataluña "se unirá con una sola voz" para "poner en marcha acciones" contra un posible recorte del texto. "El pueblo", ha dicho, encontrará la "manera democrática" de hacer frente a la decisión judicial.