Tribunal Constitucional

En la sesión de control al Gobierno, los diputados del PP Ángel Acebes y Eduardo Zaplana exigieron a la vicepresidente del Gobierno que respete la independencia del Tribunal Constitucional. Sin embargo De la Vega, como ya hizo horas ante en rueda de prensa, ha sugerido que al Ejecutivo no le temblará la mano para forzar la dimisión del magistrado Pérez Tremps, porque estaría cumpliendo su "función constitucional de cubrir la vacante de un magistrado". Acebes lanzó una "seria advertencia" al Gobierno: "Mucho cuidado con llevarse por delante la independencia y la credibilidad del Tribunal Constitucional" para "salvar la cara al señor Zapatero". 

El ministro de Justicia se ha  referido a la principal duda en torno a la recusación de Pérez Tremps: si el Ejecutivo planea sustituirle por otro magistrado en el Constitucional. Una posibilidad de la que Astarloa dijo que sería un "escándalo democrático" mientras Zaplana dudó que "se atrevieran a tanto". Según López Aguilar, "no está planteado". Respecto a la decisión, el ministro ha destacado que no tiene precedentes antes de afirmar que "es muy difícil que haya profesores de Derecho Constitucional", como es el caso de Tremps, que no hayan escrito sobre Estatutos. El recusado cobró 6.000 euros por un informe sobre el texto para la Generalidad.

El portavoz del PP en el Congreso ha mostrado su satisfacción tras la decisión del Constitucional de recusar al magistrado Pérez Tremps por haber elaborado un informe favorable al Estatuto. Según Zaplana, es "una victoria del sentido común y de la lógica democrática". El dirigente popular, tras celebrar que también es una "victoria" de la "credibilidad" del Tribunal, ha afirmado que "la razón se va imponiendo". Respecto a la posibilidad de que el Gobierno nombre otro magistrado afín al PSOE, Zaplana ha dicho que no cree que "se atreva a tanto". Ignacio Astarloa ha advertido que sería "un escándalo democrático".

La aceptación de la recusación del magistrado que elaboró un informe a favor del Estatuto ha comenzado a generar reacciones entre los nacionalistas y los socialistas, que han decidido dirigir sus críticas contra el PP ante una decisión judicial que no les gusta. Desde la Generalidad, el órgano que encargó el documento a Pérez Trems, Montserrat Tura cree que la recusación se debe a la "instrumentalización" de la Justicia por parte de los populares. Mientras, CiU ha lamentado la "deriva de politización partidista" del tribunal. El único partido, además del PP, que ha celebrado la medida ha sido Ciutadans.

Ignacio Astarloa ha calificado de "extraordinariamente positiva" la decisión del Constitucional –con un ajustado margen– de recusar al magistrado Pérez Tremps para que no decida sobre el recurso del PP al Estatuto de Cataluña. "Apelábamos al derecho de tener un juez imparcial", ha explicado el diputado en alusión a que Tremps había elaborado un informe para la Generalidad a favor del texto. En la COPE, Astarloa ha celebrado que con la medida "se sumen elementos" para que se diga "lo que se tiene que decir": que el Estatuto es inconstitucional "hasta la raíz más profunda" del modelo de Estado. Ahora el PP espera que el Gobierno no intervenga "como un burro en una cacharrería" nombrando un juez afín al PSOE.

El Mundo publica este lunes en su portada el justificante de pago que entregó la Generalidad al juez Pablo Pérez Tremps por un dictamen jurídico sobre el Estatuto catalán. Fueron 6.000 euros por un estudio sobre las relaciones exteriores de Cataluña. Parte del informe jurídico se incluyó en el Estatuto. El contrato fue suscrito tres meses antes de que Pérez Tremps fuera nombrado magistrado del Constitucional, el mismo órgano que tiene que pronunciarse sobre la constitucionalidad de la reforma catalana. El PP le ha recusado. También hizo lo mismo con la presidenta del TC, María Emilia Casas. Su marido, el catedrático Jesús Leguina, participó en el mismo informe. En este caso la recusación ya ha sido rechazada.

El Mundo publica este lunes en su portada el justificante de pago que entregó la Generalidad al juez Pablo Pérez Tremps por un dictamen jurídico sobre el Estatuto catalán. Fueron 6.000 euros por un estudio sobre las relaciones exteriores de Cataluña. Parte del informe jurídico se incluyó en el Estatuto. El contrato fue suscrito tres meses antes de que Pérez Tremps fuera nombrado magistrado del Constitucional, el mismo órgano que tiene que pronunciarse sobre la constitucionalidad de la reforma catalana. El PP le ha recusado. También hizo lo mismo con la presidenta del TC, María Emilia Casas. Su marido, el catedrático Jesús Leguina, participó en el mismo informe. En este caso la recusación ya ha sido rechazada.

El Tribunal Constitucional ha amparado a un conductor que fue condenado como autor de un delito contra la seguridad del tráfico sólo con el resultado de la prueba de alcoholemia al considerar que es necesario acreditar también cómo influía el consumo de alcohol en la conducción. El acusado circulaba con 1, 16 miligramos de alcohol por litro de aire espirado, superando la tasa permitida. Un juzgado de Madrid le absolvió del delito contra la seguridad del tráfico, aunque la Audiencia le condenó a una multa de 720 euros y la privación del permiso de conducir por un año y seis meses al estimar que basta con conducir con las facultades mermadas por el alcohol, al margen de la existencia de un resultado de peligro ni de lesión. Ahora el Constitucional anula la sentencia.

El Estatuto catalán ya acumula siete recursos admitidos a trámite en el Tribunal Constitucional. Los últimos han sido los de Aragón, Baleares y la Comunidad Valenciana, que se oponen a varios aspectos del texto catalán. A los tres recursos contra el Estatuto catalán se suman los de otras dos comunidades autónomas: Murcia y la Rioja. Además, también recurrieron el texto ante el Constitucional el Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, y el Partido Popular.