11-M

La comisión de investigación del 11-M se reúne este miércoles para decidir si continúa sus trabajos o empieza ya a elaborar conclusiones. A pesar de las peticiones de Rafá Zouhier, los grupos apostarán por dar carpetazo a la comisión, excepto el Partido Popular que pedirá diez nuevas comparecencias de altos cargos y confidentes relacionados con la trama asturiana de explosivos.

El inspector jefe de Estupefacientes de Avilés, Manuel García Rodríguez, ha arremetido contra las dos personas que denunciaron en 2001 la trama de los explosivos del 11-M. Dice que las declaraciones del agente Campillo sobre la "banda" con policías de Avilés son una "chorrada" y añade que Lavandera hizo su denuncia para "presumir". La aparición de una nueva cinta en la Guardia Civil ha obligado al fiscal a convocar un careo entre Campillo y Rodríguez Bolinaga.

Pilar Fernández Valcárcel ha sido nombrada este lunes fiscal delegada para la tutela y protección de los intereses de las víctimas en el proceso penal. Denunció que muchas víctimas de delitos se encuentran “desorientadas” sobre lo que se puede “hacer o pedir”para defender sus derechos, y que no se tiene en cuenta “su dignidad humana en la forma deseable”.

El agente de la Guardia Civil, Jesús Campillo, se siente en peligro de muerte. Después de que saliera a la luz que en 2001 grabó un cinta con las confesiones de Francisco Javier Lavandera sobre los planes asesinos de la trama asturiana de los explosivos, tiene que vivir con la protección de guardaespaldas, según El Mundo. Aún así tiene miedo. No sólo a los delicuentes que denunció, sino a los policías asturianos que forman parte de esa "banda".

El nuevo Alto Comisionado para la atención a las víctimas del terrorismo exigió, en una entrevista en Cataluña Información, que "se evite la reproducción de las imágenes del 11-M que ya todo el mundo ha visto" porque considera que "se pueden plantear las cosas sin necesidad de volver a esas visiones". Gregorio Peces Barba restó importancia a posibles divisiones entre los distintos colectivos de afectados porque "el pluralismo es un valor de la Constitución".

Una semana y media después de que El Mundo publicara un sondeo en el que el 80 por ciento de los encuestados se manifestaba a favor de continuar los trabajos de la comisión, El País ha difundido otra encuesta de signo contrario en la que un 48,6 por ciento es partidario de cerrarla frente a un 33,3 por ciento. El 45,6 por ciento cree que no ha servido para nada. Para para el diario de Prisa, la intervención del presidente obtiene mejor puntuación que la de Aznar.

En la décima entrega de "Los Agujeros Negros del 11-M", Fernando Múgica relata en El Mundo que Zouhier, Nayo y Lavandero no fueron los únicos confidentes que alertaron a las Fuerzas de Seguridad de que Trashorras y Antonio Toro formaban una trama de tráfico de explosivos. Hay un cuarto testimonio que igualmente fue ignorado y del que no se ha dado cuenta al juez Del Olmo. Sus avisos quedaron reflejados en notas informativas confidenciales. Al estar clasificadas, tuvieron que llegar a toda la cadena de mando.

Los cuatro detenidos este viernes en Lanzarote por su presunta relación con las tramas del terrorismo islamista, en concreto por su integración en el Grupo Islámico Combatiente de Marroquí (GICM), responsable del atentado de Casablanca, han sido trasladados a Madrid en un avión militar. Los cuatro marroquíes han viajado custodiados por unos 50 agentes de la Comisaría General de Información y los Grupos Operativos de Desactivación de Explosivos (TEDAX) de la Policía.

Antonio Toro negó durante el careo que mantuvo el pasado mes de noviembre las acusaciones que lanzó contra él su cuñado. Entonces, el ex minero le responsabilizó de haber montado un "negocio de venta de explosivos". La Nueva España recoge el testimonio de un cliente del taller que regentaba Toro, que reconoce que en 2001 le ofreció granadas por veinticinco mil pesetas y que no denunció lo hechos por miedo a represalias.