Es indudable que las organizaciones sindicales podrían prestar algún tipo de servicio valioso para los trabajadores. Como asociaciones destinadas a defender a los obreros, pueden desempeñar tareas de representación, asesoramiento, orientación o incluso apoyo mutuo. Siempre y cuando las relaciones entre unos y otros revistan un carácter voluntario, siempre y cuando los sindicatos desarrollen su labor con las contribuciones de sus afiliados, nada hay que objetar.

Más allá de eso, sin embargo, entramos en un terreno pantanoso. Cuando se quiere transformar a las centrales sindicales en agentes burocráticos que ostentan la represtación de todos los trabajadores, deviene inevitable que la casta que los dirige empiece a beneficiarse de sus nuevos privilegios políticos con total indiferencia o incluso a costa de los obreros a quienes dice proteger.

A día de hoy, los sindicatos españoles son corresponsables junto con el Gobierno socialista de la dramática situación que vive nuestro mercado laboral. La gravedad de la crisis económica española no le tiene nada que envidiar a la estadounidense, a la inglesa, a la irlandesa o a la griega y, sin embargo, todos estos países presentan tasas de paro que, como mucho, son la mitad que la española.

El gran lastre del mercado laboral español no es que la economía esté atravesando una crisis, sino que está encorsetado en una legislación laboral franquista que le impide adaptarse ante la más mínima dificultad. Bien sabido es que somos el único país civilizado donde la economía necesita crecer por encima del 3% para reducir su tasa de paro; una anomalía que sólo se explica por el hecho de que debemos crear cantidades ingentes de riqueza que absorban los expansivos costes que se derivan de nuestras regulaciones laborales.

La causa principal de que permanezca esta losa sobre nuestra prosperidad es la férrea oposición de los sindicatos y de los partidos de izquierda a modificarla. Hasta hace unos meses, Zapatero seguía vanagloriándose de que la salida a la crisis sería social o no sería; a saber, que estaba dispuesto a quebrar el país antes de dar su sectario brazo a torcer. De no ser por la presión alemana, la reforma laboral todavía estaría siendo bloqueada por un estéril "diálogo social" entre sindicatos y patronal; e incluso con esas presiones, el texto finalmente aprobado no deja de ser un maquillaje que apenas ataca los principales puntos de nuestra asfixiante regulación laboral. Basta fijarse en cómo el PSOE racanea un punto y coma con tal de mantener el insostenible statu quo.

Pero pese a la extrema timidez de la reforma laboral, los reaccionarios sindicatos que padecemos han tenido que simular su enfado y montarle una mini-huelga general a Zapatero (o, al menos, eso se sostuvo en un comienzo). No es de extrañar; cualquier liberalización de las relaciones laborales supone un atentado contra su modo de vida: cuanto más descentralizadas estén las negociaciones entre trabajadores y empresarios, menor será su poder y, por tanto, menos cuantiosos los fondos que anualmente perciben para desarrollar sus empobrecedoras actividades.

Nuestra izquierda es el inmovilismo personalizado. Prefieren sentarse a ver cómo el número de parados supera los cinco o los seis millones antes que rectificar y renunciar a sus dogmas. Y, sin embargo, la preceptiva propaganda de estos grupos de presión –sufragada, claro está, con nuestros impuestos– se desgañita en acusar de la crisis y de la destrucción de empleo a los empresarios, al PP, a Esperanza Aguirre, a Aznar, a Bush y a cuantos símbolos sirvan, cuales dos minutos de odio, para incrementar la bilis de buena parte de la población. A nadie debería extrañarle: su intención es hacerles olvidar a los ciudadanos que ellos, PSOE y sindicatos, son los verdaderos culpables de esta situación.

Pero, en todo caso, habrá que reconocerles la decencia de haber colocado las formas de este delirante mensaje a la altura de su fondo: simples payasadas, que es, en última instancia, a lo que se vienen dedicando nuestros sindicatos desde hace lustros. Eso sí, unas payasadas que a los españoles nos salen carísimas en términos de bienestar, desempleo e impuestos.