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El separatismo tiene precio

Es indignante que el Gobierno de España haya promulgado un decreto ley con el exclusivo fin de permitir a esos empresarios librarse del infierno que ellos mismos ayudaron a levantar.

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Se debate acerca de la base social del separatismo. Sea cual sea la verdad, es evidente que el independentismo jamás habría podido alcanzar el grado de influencia que hoy tiene sin el respaldo, por acción u omisión, del poder económico catalán. En nada desmiente esto la huida masiva de empresas que estos días huyen de Cataluña. No hay tal. Los detentadores del poder económico en Cataluña, con las excepciones que se quieran, esperaban, como siempre han hecho en esa región, obtener beneficios y privilegios de los que aprovecharse a cambio de que Cataluña tolerara seguir siendo parte de España. Cuando finalmente han visto que no había privilegios en perspectiva y sí una notable pérdida de beneficios, se han movido en la dirección que mejor protege sus cuentas de resultados y quizá hayan sido ellos los que han convencido a Puigdemont de no declarar la independencia todavía, a ver si finalmente el Estado español cedía en algo que pudiera cuantificarse en euros. En eso consiste la generosidad del presidente catalán.

Es indignante que el Gobierno de España haya promulgado un decreto ley con el exclusivo fin de permitir a esos empresarios librarse del infierno que ellos mismos ayudaron a levantar. Más indignante aún es que el PSOE haya impuesto la apertura del melón de la reforma constitucional como condición para respaldar las tibias medidas con las que el Gobierno pretende que la ley vuelva a regir en Cataluña. Porque lo hacen sin haber explicado, ni siquiera sucintamente, el sesgo que esa reforma tendrá. Y, sin embargo, todos sabemos en qué dirección irá. Aparte de elevar a categoría de nación a Cataluña para satisfacer a los sentimentales y legalizar las muchas inconstitucionalidades que en aquella región se cometen para atropellar los derechos de los castellanohablantes o simplemente de los que se sienten, a pesar de todo, españoles, habrá para la región más privilegios. Y eso lo hace el PSOE en beneficio del rancio empresariado catalán, que ansía que sea la Generalidad la que inspeccione sus declaraciones de impuestos. De esta forma, aquello acabará siendo como el País Vasco, una región donde no hay grandes defraudadores porque sus empresarios pactan con el Gobierno los impuestos que van a pagar, muy por debajo de lo que deberían, garantizándose que no serán inspeccionados y haciendo así que sus empresas puedan competir ventajosamente con las del resto de España.

Cuando eso ocurra, no sólo volverán todas las que ahora, cobardemente, han huido, sino que se trasladarán allí otras muchas en busca del paraíso fiscal que de facto será Cataluña. Esto es lo que se está negociando mientras la ANC y Òmnium agitan la calle explotando los sentimientos de las bases independentistas, bien subvencionadas con el dinero de todos, para que los empresarios catalanes tengan los beneficios que ya disfrutan los vascos. Charlie Hebdo dice que los separatistas catalanes son más estúpidos que los corsos. Si consintiéramos lo que nos están preparando, los verdaderos estúpidos seríamos nosotros.

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