El Gobierno de Pedro Sánchez tiene un problema con sus compromisos internacionales. España se comprometió en la cumbre de la OTAN de Cardiff en 2014 a destinar al menos el 2 por ciento de su PIB a Defensa para el año 2024, una cifra de la que en realidad estuvo muy lejos el año pasado. La presión de la OTAN y, ahora también de la Unión Europea, ha obligado al Ejecutivo a pisar el acelerador para no quedar en evidencia ante sus socios.
El reto no es fácil. No sólo porque Sánchez se mantiene en La Moncloa gracias a un rosario de partidos de extrema izquierda abiertamente antimilitaristas y prorrusos -la amenaza de Rusia es el principal argumento para el rearme de Europa- que ya le han dicho por activo y por pasiva que no están de acuerdo, sino también porque tampoco tiene posibilidad de sacar unos presupuestos adelante y se tiene que conformar con las cifras que él mismo dejó hechas en 2023.
Esto último, también puede ser una ventaja, o como ello está tratando de verlo desde el Ejecutivo. Como los ingresos han aumentado y ese dinero no está asignado puede emplearlo como mejor les interese. Se pueden realizar transferencias de crédito en función de las necesidades que ayuden a engordar aquellas áreas en las que más se necesita. Esto es algo que suelen realizar todos los gobiernos de forma habitual cuando se encuentran sin presupuestos.
España cerró 2024 con un PIB de 1.591.627 millones de euros. La previsión en estos momentos es que el PIB español escale en 2025 por encima del 2 por ciento, es decir, que se sitúe como mínimo alrededor de 1.625.000 millones de euros. Con esta cifra como previsión, el mínimo del 2 por ciento a invertir en Defensa pactado en el seno de la OTAN y exigido ahora también por la UE se situaría en torno a los 32.000 millones de euros.
Los presupuestos de 2023, los últimos aprobados, daban al Ministerio de Defensa un total de 12.827 millones de euros. Pero la OTAN no sólo valora como gasto en Defensa el dinero destinado al departamento que ahora dirige Margarita Robles, sino también otros gastos muy específicos de los departamentos de Hacienda, Interior o Industria, como las pensiones de los militares, algunas unidades de la Guardia Civil o las ayudas al I+D+i a la industria de Defensa.
Sin datos exactos sobre las cifras que aportan esos ministerios, pero sí conociendo que su aportación en porcentualmente muy minoritarios, y partiendo de las cifras de Defensa de 2023, los datos rápidos dirían que el Gobierno necesita destinar cerca de 19.000 millones de euros extra para poder acercarse a los 32.000 millones que representaría el mínimo del 2 por ciento de inversión en Defensa para este 2025.
Este mismo martes, el Consejo de Ministros ha aprobado una transferencia de crédito extraordinaria de 2.084 millones de euros destinados a Defensa. La gran mayoría de ese dinero estará destinado a los diferentes programas de modernización de las Fuerzas Armadas. Una decisión que se aprueba sin tener que pasar por el Congreso de los Diputados, lo que ahorra al Gobierno de Pedro Sánchez un disgusto con los partidos que le sustentan.
Un mecanismo que ha utilizado este mismo año 2025 para aprobar hace unas semanas una bolsa de 400 millones para subir el sueldo de todos los militares, o para aprobar a principios de marzo un crédito extraordinario de 343 millones para las "necesidades de funcionamiento" de Defensa, o para destinar a finales de febrero 567 millones a pagar las misiones en el exterior con el Fondo de Contingencia para no descapitalizar al departamento de Robles, entre otros.
En total, con lo aprobado este martes más lo que ha venido aprobando en el primer trimestre del año, el Gobierno ha desviado unos 3.500 millones de euros a Defensa sin pasar por la Cámara Baja. Aun así, ese montante económico sólo sirve para reducir hasta más de los 15.500 millones de euros el dinero extra que todavía debería desviar el Ejecutivo de Pedro Sánchez a Defensa para cumplir con el mínimo del 2 por ciento.
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