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Junqueras se niega a dar al Gobierno la lista de interventores de la Generalidad

El vicepresidente de la Generalidad anuncia un doble recurso contra la fiscalización del FLA en el Supremo y el Constitucional.

(Barcelona)
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Junqueras se niega a dar al Gobierno la lista de interventores de la Generalidad
Oriol Junqueras. | EFE

El presidente de la Generalidad, Carles Puigdemont, no está dispuesto a acatar una posible inhabilitación del Tribunal Constitucional (TC), pero el vicepresidente, Oriol Junqueras, considera que tanto el TC como el Tribunal Supremo (TS) son instancias válidas para pleitear con el Gobierno por la fiscalización de los gastos autonómicos a tan sólo nueve semanas de la celebración del referéndum de autodeterminación.

La novedad radica en que por primera vez Junqueras se hace responsable de algo en el largo proceso separatista y se niega a entregar al Ministerio de Hacienda el listado de interventores de la Generalidad que el Gobierno requiere para fiscalizar la ejecución del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) y evitar que el referéndum se costee a base de fondos públicos, como el del 9-N de 2014.

En lugar de los interventores, serán los propios consejeros quienes se encargarán de certificar las peticiones de información del Gobierno, que abarcan más de cien entes autonómicos.

Junqueras, que también actúa como consejero de Economía y teórico coordinador de la organización del referéndum, ha insistido en que los controles adicionales del FLA decretados por el Gobierno el pasado viernes tendrán una incidencia notable en el pago a proveedores de los servicios sociales. Según esa línea argumental, la media del Ejecutivo no serviría para evitar la consulta pero tendrían una repercusión notable en los sectores más desfavorecidos de la población catalana.

En la rueda de prensa posterior al consejo ejecutivo del gobierno autonómico también se ha anunciado que la Generalidad pagará la defensa jurídica de todos los consejeros, altos cargos y funcionarios que puedan ser investigados por la Fiscalía.

Por su parte, el consejero de Presidencia y portavoz, Jordi Turull, ha comunicado la presentación de una batería de recursos ante el Tribunal de Cuentas para evitar un hipotético embargo de los bienes de Artur Mas si se resuelve que malversó fondos públicos en la organización del 9-N.

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