La Mesa del Parlament confiaba en que fuera la Junta Electoral Central la que resolviera el contencioso planteado por Laura Borràs. ERC y el PSC se habían atrevido a suspenderla cautelarmente como presidenta de la cámara en aplicación del reglamento de la institución, pero preferían que fuera la Junta Electoral Central la que diera el paso definitivo de retirar el acta de diputada a Laura Borràs. Y así ha sido. A última hora del jueves el órgano determinaba que Borràs ya no es diputada en aplicación de la Ley Orgánica de Régimen Electoral (Loreg).
Dicha norma considera inelegibles a los condenados por sentencia en casos de delitos contra la Administración Pública, aunque dicha sentencia no sea firme. Y ese es el caso de Laura Borràs, condenada a cuatro años y medio de cárcel y trece de inhabilitación por los delitos de prevaricación y falsedad documental en un caso que se remonta a mediados de la pasada década, cuando presidía la Institución de las Letras Catalanas (ILC).
Desde julio del año pasado, la presidencia del parlamento estaba en el aire. La apertura de juicio a Borràs en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), precipitó su suspensión con carácter preventivo. Desde entonces, la también presidenta de Junts per Catalunya (JxCat) ha clamado contra jueces y fiscales y contra los diputados que no le han rendido pleitesía. También pretendió presentarse como una "víctima" del Estado por su condición de independentista, pero ese argumento no le fue comprado casi ni en su propio partido.
Una casualidad letal para Borràs
El caso por el que fue juzgada y condenada Borràs y que le ha costado su carrera política se inició a raíz de unas pesquisas de los Mossos d'Esquadra por un asunto de tráfico de drogas y falsificación de moneda en el que estaba implicado el informático que ella había designado para renovar la web de la ILC. Los investigadores detectaron la relación de ese individuo con Borràs y advirtieron de la comisión de otros delitos relacionados con la adjudicación de contratos y la fragmentación de los mismos para no tener que convocar un concurso público.
Los casos de Torra y Juvillà
En primera instancia, la Junta Electoral Central concedió diez días a la Mesa del Parlamento para que cesara a Borràs, pero ERC y JxCat decidieron esperar y alegaron que la sentencia no era firme, que la retirada del acta era una medida "desproporcionada" y que la Junta Electoral no era competente. Contra esos "argumentos" operaban los casos precedentes de Quim Torra y del exdiputado de la CUP Pau Juvillà. En el caso del expresidente autonómico, se le retiró el acta de diputado y se forzó su cese aunque la sentencia del caso de las pancartas que colgó del palacio de la Generalidad no era firme. Igual le sucedió a Juvillà, en su caso con el "agravante" de que fue la misma Borràs en calidad de presidenta del parlamento la que llevó a cabo las maniobras pertinentes para retirar el acta a Juvillà.
Dados los antecedentes, el futuro de Borràs estaba escrito de antemano, aunque durante los últimos meses se ha resistido como gato panza arriba y ha tratado de colocar al parlamento en una situación difícil.
Al cesar Borràs entrará como diputado Antoni Castellà, ex de Unió devenido en independentista y actual portavoz del fantasmal Consell per la República que preside el prófugo Carles Puigdemont. En cuanto a la presidencia de la cámara, en Junts se barajan dos nombres, el de las diputadas Anna Erra y Marta Madrenas, alcaldesas de Vich y Gerona respectivamente. ERC no optará a la presidencia de la cámara, con lo que el camino está despejado para JxCat nombre nueva presidenta del Parlament.