La fábrica de argumentarios de Moncloa trabaja a toda máquina para intentar convencer a la opinión pública —medios de comunicación afines mediante— de las bondades de una amnistía que todos saben, lo reconozcan o no, que se da por pura necesidad personal de Pedro Sánchez.
El mismo presidente del Gobierno dijo en el Comité Federal del PSOE del pasado 28 de octubre que tuvo que hacer de la necesidad virtud y, en varias entrevistas posteriores, ha señalado claramente que lo que cambió entre su posición anterior y la actual en relación a la amnistía fue el 23-J, es decir, el resultado de unas elecciones que ganó el PP de Feijóo y que colocó a Sánchez en manos del huido de la justicia Carles Puigdemont. Sólo con los votos de Junts —además del resto de partidos nacionalistas y separatistas y de los herederos de la banda terrorista ETA— podía repetir Sánchez en Moncloa. Una vez conseguida la investidura, lo que toca es vestir el muñeco de argumentos que tranquilicen a la parroquia socialista ante tan evidente cambio de opinión. El problema es que todos los argumentos que repiten como papagayos los ministros y sus voceros mediáticos son falsos y fácilmente desmontables.
Razones para oponerse a la amnistía las hay de todo tipo y se han pronunciado contra ella asociaciones de jueces, fiscales, magistrados, letrados de las Cortes, abogados y juristas etc. Para defenderla, realmente no hay argumentos, salvo el manido freno a la ultraderecha.
FAES se ha centrado en rechazar, por inadecuadas y no ajustadas a la realidad, las comparaciones que hace Sánchez entre la concesión de la amnistía y los indultos de Aznar, la legalización del PCE por Suárez o el cambio de opinión de González sobre la OTAN.
Así, la fundación para el Análisis y los Estudios Sociales ha respondido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que los 1.400 indultos que concedió el Gobierno de José María Aznar —entre los que había insumisos o condenados de Filesa— afectaban a personas que "no ponían ni quitaban presidentes".
Además, subraya que fueron "actos jurídicos individuales y personalmente motivados", sin que fuera a cambio de un beneficio personal para el PP o el entonces presidente. "Ninguna de las personas indultadas disponía de capacidad política alguna, no ponía ni quitaba presidentes, ni hizo constar nunca voluntad política alguna favorable a Aznar y condicionada a la concesión de su indulto, ni estableció negociación alguna con el PP destinada a favorecerlo. Aznar no ganó nada, el PP, tampoco", sentencia FAES.
Justo lo contrario de lo que ocurre con la amnistía que va a conceder Pedro Sánchez que, aunque a posteriori se ha tratado de justificar como algo bueno y necesario para restaurar la convivencia, la realidad es que es un intercambio de impunidad por votos. Los 7 votos de Junts que necesitaba Sánchez para salir investido presidente del Gobierno, y más aún: los 7 votos que necesitaba para impedir a toda costa algo consustancial a la democracia, que es la alternancia política. Que no gobierne la derecha, sea cual sea el coste, se convierte así en el argumento final que guía y blanquea todo el proceso de concesión de esa amnistía.
De esta forma ha querido replicar FAES a las declaraciones de Pedro Sánchez para justificar la ley de amnistía, comparando esa norma con los más de mil indultos en un solo día que otorgó el Ejecutivo del PP. "Aznar indultó a 1.400 personas en un día y se reunió con ETA en Suiza", proclamó hace una semana el presidente del Gobierno.
Los indultos de Aznar
El 1 de diciembre de 2000, el Consejo de Ministros presidido por José María Aznar aprobó la concesión de 1.443 indultos de un total de 3.000 que estaban pendientes en el Ministerio de Justicia como respuesta a dos peticiones de la Santa Sade con motivo del Jubileo 2000. De los 1.433, 460 eran insumisos a realizar el servicio militar.
En el lote de indultos otorgados por el Gobierno figuraba el del exjuez Javier Gómez de Liaño, inhabilitado durante 15 años por un delito de prevaricación; condenados por el caso Filesa, un caso de corrupción del PSOE, como Alberto Flores, Luis Oliveró y Carlos Navarro; condenados en relación con las ayudas agropecuarias PER, y varios cargos públicos como el alcalde de Burgos, José María Peña, condenado por prevaricación y cuyos votos habían ayudado años antes a que Aznar fuera presidente en Castilla y León.
Resulta curioso, por su postura en favor de la amnistía en estos momentos, que el entonces jefe de la oposición, José Luis Rodríguez Zapatero, exigió la comparecencia del ministro de Justicia y del Fiscal General para que explicase las razones de esos indultos.
Diferencias con la amnistía de Sánchez
El análisis de FAES, firmado por el diputado del PP por Madrid Miguel Ángel Quintanilla, titulado "El voto bajo la piedra. 20 años de Tinell", deja meridianamente claro que los indultos de Aznar no son como lo que se "está negociando con Puigdemont". En primer lugar porque un "indulto no se negocia entre quien lo da y quien lo recibe, y mucho menos lo impone quien lo recibe a quien lo da a cambio de un beneficio personal".
Por ello recalca que, sobre el argumento de Sánchez de "más de mil indultos en un día" como "antecedente directo equivalente a la amnistía", es "obvio que mil actos legales no equivalen a un gran acto ilegal y mil actos de alcance personal no equivalen a un acto de alcance general". "Aprobar a mil alumnos después de examinarlos y calificarlos uno a uno, no es como un aprobado general sin examen para nadie. Mil indultos no son una amnistía, como mil aprobados razonados no son un aprobado general, porque su fundamento jurídico o académico es mil veces distinto", señala FAES para ilustrar la anterior afirmación.
Es más, la fundación recuerda que esos 1.400 indultos fueron aprobados "meses después de las elecciones que el PP ganó por mayoría absoluta en marzo de 2000 y meses después de la segunda investidura de Aznar, y no fueron un único acto de un día sino una miríada de actos jurídicos individuales y personalmente motivados y elaborados durante mucho tiempo". Este sería otro rasgo que diferencia a Aznar y Sánchez. Mientras el primero estaba en Moncloa con mayoría absoluta, el segundo perdió las elecciones y, sólo para evitar la llegada de Feijóo a la Moncloa, ha tenido que negociar una amnistía con el prófugo de la justicia Carles Puigdemont para que este accediese a darle sus 7 votos en la investidura.
Los casos de Suárez y Felipe González
Tampoco vale, siguiendo el análisis de FAES, la invocación de Sánchez a a los expresidentes Adolfo Suárez y Felipe González, que los sanchistas alegan como prueba de que "los cambios de opinión por responsabilidad y por compromiso con el interés general no son una rareza de Sánchez y no se deben criticar". Otra falacia del argumentario del Gobierno y los medios que ahora defienden ese argumentario y que han cambiado de opinión con la misma desfachatez que lo han hecho Pedro Sánchez y sus ministros. Y con la misma rapidez.
Así, en el caso de Adolfo Suárez y sobre la legalización del PCE, FAES recuerda a Sánchez que se produjo "en cumplimiento de la sentencia de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo de 1 de abril de 1977 y a la vista del dictamen del fiscal del reino". Además, indica que Suárez "legalizó un partido nítidamente opuesto a sus propias posiciones políticas personales y del cuál no dependía", en un movimiento "bueno para el sistema en ciernes" pero "no precisamente para él personalmente".
En el caso de Felipe González, recuerda que "cambió de opinión sobre la permanencia de España en la OTAN" y "cabe suponer que se trató de una decisión informada y de maduración lenta". A su entender, "no consta" que el expresidente socialista "necesitara de aquel cambio de posición para ser investido, ni que obtuviera ventaja política personal o partidista tangible e inmediata".
El Pacto del Tinell, fábrica de nacionalistas
FAES recuerda además que el Pacto del Tinell de 14 de diciembre de 2003 fue "la verdadera fábrica de nacionalistas, diseñada y puesta en marcha en una Cataluña que experimentaba el momento de menor tensión nacionalista en mucho tiempo".
Sobre las consecuencias políticas y sociales de ese acuerdo germinó el voto de refuerzo que necesitaba el socialismo para llegar a la Moncloa "desde el extremo", según la fundación. Es más, asegura que "el crecimiento del voto de izquierda, radical y nacionalista en Cataluña desde 2003 ha sido decisivo en las investiduras de Zapatero y de Pedro Sánchez".
El papel de Vox
"Haber inclinado el tablero catalán hacia la radicalidad ha permitido además al PSC una apariencia de refugio moderado a la que Vox ha hecho contribuciones impagables durante la última campaña", asegura Quintanilla en su análisis, para recalcar que "las bolas extra" que los de Santiago Abascal "han traído a la política española han sido todas para Sánchez".
Según FAES, el pacto del Tinell, que fue "la gran apuesta electoral e ideológica socialista después de perder el centro y decidir no volver a él", es "causa de la amnistía, como lo fue del golpe de 20117, un pacto para la exclusión explícita del PP como paso necesario para una mutación constitucional, para cambiarla al margen de los procedimientos y de las instituciones".
Finalmente, la fundación destaca que Pedro Sánchez es presidente "legítimamente", pero "no es el único poder legítimo". "La oposición también es legítima, los tribunales son legítimos, los medios de comunicación son legítimos. El Parlamento, por supuesto, es legítimo", concluye el análisis de FAES.