Ni cortos ni perezosos los señores del PNV piensan ya en su próxima cita con los aparatchik de ETA-Batasuna, y para más escarnio anuncian que no quieren contar con EA para la reunión, ¿pero no era EA la marca blanca destinada a sustituir la de ANV para que con todos los parabienes los proetarras vuelvan a las instituciones democráticas para el próximo mayo? Al PNV, ya lo vemos, ni siquiera le hace falta esta mascarada, como no le ha hecho falta nunca y menos desde el Pacto de Estella con la ETA que venía de asesinar a Miguel Ángel Blanco.

Cierto es que EA tampoco les hace falta a Aralar, EB, Alternatiba… ni al propio Partido Socialista (que sigue siendo uno y no trino), porque si no se aplicó la Ley de Partidos para impedir vociferar a Tasio Erquicia el pasado mes de junio, ¿qué le impide reunirse, organizar actos y enviar notas de prensa a “la izquierda abertzale” o “izquierda radical”, como llaman sin sonrojo nacionalistas, socialistas y la mayoría de la Prensa vasca a los colaboradores necesarios del terrorismo etarra?

A estas alturas de la película me parece patente que la Ley no se cumple en España, máximo afán de un presidente del Gobierno que ha sido el primero en conculcarla haciendo tabula rasa de los consensos, la letra y el espíritu de la Constitución Española de 1978. Por el contrario, a la proliferación de normas y prohibiciones que asfixian la vida pública y caen inexorablemente sobre los ciudadanos, le corresponde un igual desprecio por su cumplimiento cuando perjudica los intereses concretos de los que gobiernan, reacios a cumplir y hacer cumplir la Ley como el resto de los españoles.

El reconocimiento de Rodríguez Zapatero de que su apuesta por ETA como “compañero de viaje” hacia “la Paz” ha sido todo un éxito debería no sólo ponernos los pelos como escarpias, sino servir de alerta máxima a todos los que aún confiamos en el Estado de Derecho como garante de las libertades y derechos democráticos de todos los españoles. Porque, sumado al anuncio presidencial de que forzará la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el nuevo Estatuto catalán, constituye el más grave atentado en Democracia contra la propia esencia del régimen constitucional que, desde luego, no preveía poderes absolutos para el primer iluminado que se apareciera por La Moncloa para hacer de su voluntad, imposición, y de la misma Constitución un sayo.

Pero claro, ¿ante quién se supone que debe rendir cuentas el presidente del Gobierno? ¿Ante los miembros de su gabinete, o los de su partido en el Congreso? ¿Ante la oposición, la ciudadanía, la Prensa, la Justicia? El problema es que Rodríguez Zapatero se ha situado hace mucho por encima de la Ley, altura desde la que pretende seguir gobernando España pese al cansancio evidente de la ciudadanía y la extenuación de la vida pública e institucional.