507 de un total de 573 eurodiputados presentes han votado por mantener las sanciones a la dictadora y criminal Delcy Rodríguez, poco después de que el lamentable ministro Albares –qué papelón el suyo y qué falta tan terrible ya no de la lógica prudencia sino del mínimo respeto por su cargo y por sí mismo– anunciara a bombo y platillo que la iba a invitar a la Cumbre Iberoamericana.

Es cierto que la votación no es una decisión firme y vinculante, pero no lo es menos que tras la abrumadora mayoría cosechada por la propuesta del PP español la situación del Consejo de Europa es muy complicada en este tema: para retirar las sanciones debería contradecir abiertamente el posicionamiento rotundamente expresado por el Europarlamento, es decir, por los representantes elegidos democráticamente por los ciudadanos europeos.

Hasta los eurodiputados del PSOE han votado a favor de la petición, es decir, en contra de su propio Gobierno. El ridículo de Albares se eleva por tanto hasta alturas insólitas, la constatación de la ausencia total de influencia alguna de Pedro Sánchez y los suyos en la Unión es también absoluta.

Y es que a pesar de que el Gobierno español vea normal tratar e incluso tener entre sus miembros a (presuntos) delincuentes, como esta semana ha quedado meridianamente claro en el Tribunal Supremo, para aquellas instituciones democráticas que no hayan sido presa del hampa internacional Delcy Rodríguez sigue siendo lo que era antes de alcanzar el poder total: una delincuente con tremendos crímenes a sus espaldas, desde el asesinato de disidentes hasta el narcotráfico, pasando por el latrocinio masivo y, por supuesto, el soborno y la compra de voluntades dentro y fuera de Venezuela.

La pretensión de Sánchez y Albares de reincidir en la infamia y blanquear todos esos crímenes por el simple hecho de que Delcy Rodríguez haya recibido el encargo de Estados Unidos de sustituir a Maduro e iniciar una tímida transición a la democracia no se sostiene ni según los criterios más amorales de la realpolitik: sólo si de verdad se hubiese dado ese tránsito, si todos los presos políticos venezolanos hubiesen vuelto a sus hogares, si los millones de exiliados hubieran retornado ya al país, sólo si se hubiese votado en completa libertad un nuevo Gobierno para Venezuela cabría plantearse si Delcy Rodríguez puede tener otro trato que el que tienen que darle ahora todos los países civilizados: el que merece una delincuente, por muy presidenta que sea.

Las prisas del Gobierno español no son una muestra de respeto a alguien que desde luego no lo merece, ni una política pensada para ayudar a los venezolanos a desembarazarse de un régimen asesino y narcotraficante, son una demostración más de hasta qué punto la política exterior de España ha sido comprada y vendida por dos grupos de delincuentes que cada día tienen menos cuidado en ocultar su condición de tales, ellos sabrán qué urgencias o qué chantajes les llevan a hacerlo.