El año 2026 volverá a ser un auténtico suplicio para las empresas españolas. La incertidumbre y la inseguridad jurídica a la que se enfrentan los empresarios y autónomos de nuestro país es total. Por ejemplo, el año ya ha comenzado, y el Gobierno todavía no ha concretado la cuantía hasta la que piensa subir el SMI.
Este desconocimiento, ante una medida tan perniciosa para algunas empresas, impide a los negocios ejecutar una correcta planificación financiera y genera problemas para cerrar nóminas. Cabe recordar además, que el golpe de este sueldo artificial es mayor para pymes y autónomos, que son los que más dificultades tienen para asumir estos aumentos de sus costes laborales vía decisión política.
Y habrá más incertidumbres. En 2026, Yolanda Díaz seguirá intentando reducir la jornada laboral (a pesar de haber fracasado este año por la negativa de Junts), las empresas tendrán que asumir también la entrada en vigor del registro horario en tiempo real y seguirá intentando aplicar el despido disuasorio. Además, el caos de Verifactu continuará, aunque se haya pospuesto a 2027.
Ante este panorama, no es de extrañar que la "incertidumbre sobre la política económica" de nuestro país sea la principal preocupación de las empresas españolas. De hecho para el 49,4% es el principal factor condicionante de su actividad, como refleja un informe del Banco de España. El segundo problema es la escasez de mano de obra, donde el 45,6% de las empresas asegura que tiene problemas para encontrar trabajadores.
Esto es una gran paradoja: en el país con más paro de Europa, las empresas no encuentran trabajadores. No es descabellado pensar que la red clientelar de subvenciones y pagas que ha creado el Gobierno de Pedro Sánchez estaría fomentando este fenómeno.
Por sectores de actividad, los problemas de falta de personal continúan siendo especialmente marcados en la hostelería, la agricultura y la construcción, donde el 60%, el 57% y el 56% de las empresas declaran verse afectadas, respectivamente.
Si a esta situación le sumamos el absentismo laboral, que está en máximos históricos, y la fiscalidad, donde este mes de enero ha entrado en vigor la nueva estocada del MEI a las cotizaciones sociales, lo cierto es que las empresas tienen motivos para estar preocupadas.