Unos días antes del Consejo Europeo de los próximos 19 y 20 de marzo sobre la ofensiva en Irán y sus efectos en la competitividad estratégica de la UE, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dirigió una carta a los líderes de los países europeos con recomendaciones para incrementar la seguridad energética y moderar los costes, el problema más acuciante del conflicto en Oriente Medio ante el bloqueo del estrecho de Ormuz.
La misiva señala que hay que "estar preparados en caso de que el conflicto se prolongue" y plantea medidas para aliviar el shock energético como bajadas en los impuestos que soporta la electricidad y un 'tope' al gas natural. Además, menciona un tema que está levantando ampollas en el seno de la UE: la posibilidad de revisar el mercado de derechos de emisiones de carbono (ETS, por sus siglas en inglés), una opción que abanderan Friedrich Merz y Giorgia Meloni y que tiene enfrente a varios países, entre ellos España.
Von der Leyen también menciona el impulso a las renovables y, significativamente, la necesidad de mantener el parque nuclear europeo, una afirmación que llega tras la presentación del plan energético que tiene a la nuclear como uno de sus pilares y que incluye una estrategia para desarrollar minirreactores nucleares —y que abandera Teresa Ribera, pese a que ella impulsó el planificado cierre en España—. Hace unos días, además, la propia Von der Leyen proclamó en París que fue "un error estratégico" que Europa diera la espalda a este tipo de energía.
En la carta, Von der Leyen dice que "lo más urgente" es reducir la dependencia de gas y petróleo y apunta que "desde 2021 la UE ha hecho significativos progresos en diversificar las fuentes de energía y aumentar la capacidad renovable", aumentando hasta el 48% del mix. En este punto, destaca que "contando con la nuclear", en la UE más del 70% de la electricidad procede de fuentes de energía bajas en carbono.
Mientras, cuando habla de la necesidad de reducir los costes de la electricidad, pone como ejemplo los contratos a largo plazo con la industria y la necesidad de evitar 'desmantelamientos' anticipados de centrales nucleares existentes. Esta es la frase:
"Evitar el cierre prematuro de las centrales nucleares también puede contribuir a que dispongamos de una electricidad fiable y de bajo coste".
La frase podría interpretarse como un mensaje directo a España como el único país, en Europa y en el mundo, que teniendo centrales en marcha pretende cerrarlas frente a decisiones como la de Bélgica, que decidió revertir sus últimos planes de cierre.
El mensaje de la mandataria europea llega unos meses después de que la central nuclear de Almaraz, la primera en el plan de cierre del Gobierno, pidiera una prórroga de tres años frente a las fechas previstas, 2027 y 2028, para el apagado de sus dos reactores. Tras recabar los últimos informes solicitados, el Consejo de Seguridad Nuclear está estudiando la solicitud y el dictamen se espera para el verano. Será entonces cuando, tras el previsible sí del organismo, el Gobierno tenga que decidir si autoriza o no esta miniprórroga, que será decisiva para el futuro del parque nuclear español.
Mientras el Gobierno ha desdeñado públicamente el mea culpa de Von der Leyen, los propietarios de la central nuclear de Almaraz volvieron a reiterar su petición de una prórroga en el balance del año pasado, que califican de "ejercicio excepcional" para la planta, "a la espera de la decisión del Miteco sobre su continuidad".
Almaraz se reivindica
Desde la central, enfatizan el "desempeño ejemplar y sus excelentes estándares de funcionamiento" después de que la Asociación Mundial de Operadores Nucleares (WANO) la situara en su categoría más alta y recalca, en el resumen del año del apagón, que es "una instalación clave para la garantía de suministro debido a su elevada producción y contribución a la estabilidad de la red eléctrica".
Tras apuntar algunas cifras (una producción bruta de 15.370 GWh que cubre el 7% de la demanda española y una producción de energía eléctrica bruta acumulada desde que se puso en marcha "de más de 640.000 GWh, lo que la convierte en la instalación de generación de mayor aportación al sistema eléctrico nacional"), los propietarios recalcan que "Almaraz cumple con todos los requisitos de la Revisión Periódica de Seguridad aprobada por el Consejo de Seguridad Nuclear en el año 2020, y vigente hasta el año 2030", una circunstancia que, a priori, allana el camino hacia la prórroga.
La central insiste en los 50 millones de inversión anuales y en que podría operar "incluso hasta 2063" a imagen de su central gemela en Estados Unidos, la de North Anna, en Virginia. Vuelve a mencionar los impuestos que soporta, que "suponen más del 75% de sus costes variables" y las "ineficiencias" del mercado, que hacen que como el pasado 3 de marzo, las propietarias solicitaran parar al "quedar fuera del mercado" por "su alta fiscalidad".
Irán y las "imprescindibles" nucleares
En la nota, la central también apela al "contexto internacional marcado por la guerra de Irán", que en su opinión "ha puesto de manifiesto nuevamente que la continuidad de centrales como la de Almaraz es imprescindible para garantizar la seguridad de suministro, precios asequibles y la autonomía energética de España y Europa".
"El suministro eléctrico mediante generación nuclear garantiza, especialmente en etapas de incertidumbre, un precio de la electricidad estable y más económico que otras fuentes como el gas, cuya volatilidad impacta directamente en los precios", señala, un mensaje que también han trasladado los trabajadores, empresarios y vecinos que defienden su continuidad.