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Podemos presenta su programa electoral: cárcel para los empresarios, supermercados públicos y secuestro a las viviendas

Irene Montero ha presentado su programa basado en nacionalizaciones, controles de precios, subidas fiscales y restricciones a la propiedad privada.

Podemos ya ha dado a conocer su recetario económico más radical para las elecciones generales del 29-N. El partido de Irene Montero ha presentado este martes el programa con el que se presentará a los próximos comicios y sus ideas se sustentan en nacionalizaciones, controles generalizados de precios, subidas fiscales, restricciones a la propiedad privada, persecución a los empresarios y una expansión sin límites del gasto público.

Bajo el lema "Paz, casa y trabajo", la formación fundada por Pablo Iglesias plantea una intervención masiva en sectores estratégicos de la economía, desde la vivienda hasta la energía, la banca y la distribución alimentaria. Todo ello acompañado de una ampliación de las prestaciones públicas y de un incremento de los compromisos de gasto, sin que el documento ofrezca una memoria económica que permita conocer el coste conjunto de semejante transformación. A continuación, algunas de sus recetas más extremas que amenazan a empresas, propietarios, ahorradores, trabajadores y contribuyentes.

Repsol y los supermercados públicos

Podemos vuelve a prometer la nacionalización de Repsol. El partido de Montero asegura que "el Estado adquirirá, a través de la Empresa Pública de Energía, la mayoría absoluta del accionariado de Repsol. De este modo, la Empresa Pública de Energía no solo controlará directamente una parte de la generación eléctrica mediante la recuperación de los saltos hidroeléctricos, sino que contará también con la infraestructura industrial, logística y comercial necesaria para operar en el conjunto del sector energético. Pondremos todo este patrimonio al servicio de una política energética sostenible y justa, que garantice el acceso universal a la energía, abarate las facturas de hogares y empresas y permita recuperar la soberanía energética frente al oligopolio privado".

La formación también propone crear una red pública de supermercados con bajos precios y que le hará ganar dinero al Estado (algo difícil de creer). "La existencia de un operador público en el sector de la gran distribución de alimentos tendrá innumerables ventajas" celebran. Estas serán "el control de precios, especialmente en contextos de inflación, al no repercutir margen de beneficio sobre el precio de venta al público, el fomento de la viabilidad de las pequeñas y medianas explotaciones agrícolas y ganaderas del país mediante la priorización de la compra de proximidad, la implementación de esquemas de alimentación social y de colaboración con los bancos de alimentos con una mayor eficacia logística y, como siempre, el aumento de los ingresos del Estado". Esta red pública de supermercados, además de ocuparse de la venta al público, "también se puede ocupar de suministrar alimentos a todas las administraciones públicas canalizando así la producción ecológica y nacional hacia el conjunto del sector público" añaden.

El programa contempla, además, una banca pública, una empresa pública de energía, una inmobiliaria pública y el "fomento de la creación de empresas públicas" de todo tipo.

Alquileres, expropiaciones y okupas

El mercado inmobiliario es otro de los grandes objetivos del programa. Podemos promete imponer por ley una rebaja "extraordinaria del 40% de los alquileres, aplicable tanto a los contratos vigentes como a sus renovaciones y a los nuevos arrendamientos". También quiere convertir los contratos de vivienda habitual en indefinidos por defecto, una intervención que supondría alterar profundamente las condiciones de funcionamiento del mercado.

"Aprobaremos una reducción extraordinaria del 40% de los precios del alquiler, aplicable a los contratos vigentes, sus renovaciones y prórrogas, así como a los nuevos contratos para acabar con los alquileres abusivos y garantizar el derecho a la vivienda. Se establecerá un precio que sea un 40% menor que el precio anterior, siempre y cuando el precio resultante no quede por debajo del 60% del precio medio actual en la correspondiente zona. Si la vivienda nunca ha sido puesta antes en alquiler, el precio inicial será el 60% del precio medio actual de la zona. Acabaremos así con los alquileres abusivos y avanzaremos hacia el derecho efectivo a la vivienda" explican.

Pero el programa va mucho más allá de los controles de precios. La formación propone la "expropiación de uso de viviendas de grandes tenedores para ampliar el parque público de alquiler. Impulsaremos la expropiación de uso por interés social de las viviendas que superen las diez en manos de grandes tenedores, fondos de inversión, entidades financieras y bancos, incluyendo las aproximadamente 626.000 viviendas concentradas en manos de grandes propietarios. Incorporaremos al parque público de vivienda aquellas que estén vacías o destinadas al uso turístico, siempre que reúnan las condiciones de habitabilidad, para destinarlas al alquiler social". En las viviendas que ya estén alquiladas, "estableceremos rentas de alquiler social o precios regulados en función de la situación económica de las familias, garantizando en todo caso los derechos de las personas inquilinas. Actuaremos especialmente sobre las viviendas en manos de fondos de inversión" detallan.

También pretende prohibir "la compra de viviendas que no vayan a destinarse a residencia habitual o segunda residencia de uso propio". A esto se añade la prohibición de los pisos turísticos, la "prohibición de los desahucios de personas vulnerables sin alternativa habitacional", lo que supone dar manga ancha a la inquiokupación y okupación, y la "prohibición de los desalojos extrajudiciales e ilegalización de empresas de desokupación".

Jubilación a los 63 años y renta universal

En materia de pensiones, Podemos propone adelantar la edad ordinaria de jubilación a los 63 años. "Reformaremos el sistema de pensiones para adelantar la edad ordinaria de jubilación a los 63 años garantizando la sostenibilidad y suficiencia de las pensiones mediante su financiación a través de los Presupuestos Generales del Estado" señalan. También plantea eliminar retroactivamente las penalizaciones por jubilación anticipada para quienes hayan cotizado al menos 40 años.

La formación quiere equiparar la pensión mínima contributiva al salario mínimo interprofesional y elevar la pensión no contributiva hasta el 80% del SMI. Para financiar el sistema, propone eliminar la base máxima de cotización y establecer cotizaciones progresivas en función de las rentas y los beneficios empresariales.

Además, prometen que "potenciaremos el Ingreso Mínimo Vital con el objetivo de convertirlo en una renta universal incondicionada para todos los ciudadanos y ciudadanas".

Golpe a los empresarios y hasta cárcel

El mercado laboral tampoco escapa a la intervención. Podemos quiere elevar el SMI hasta los 1.800 euros mensuales durante la legislatura y establecer "por ley que nunca pueda ser inferior al 75% del salario mediano". Además, plantea "vincular automáticamente los salarios a la evolución del coste de la vida cuando no exista un acuerdo colectivo que establezca mejoras".

La reducción de jornada es otra de sus grandes apuestas: pretende pasar a las 30 horas semanales sin reducción salarial, comenzando por las 35 horas y contemplando la semana laboral de cuatro días "para repartir el trabajo" ha dicho Montero. También quiere implantar dos días de teletrabajo en todos los puestos donde sea posible.

También amenazan con cárcel a los empresarios por las "horas extra ilegales, que son las que no se compensan con descanso y tampoco se pagan". Según la líder de Podemos, "hay otros países, como México, Noruega o Australia, que penan a los empresarios con hasta 10 años de prisión por lo que se entiende como explotación laboral y robo" de trabajo. "Si en otros países lo hacen, ¿en nuestro país por qué no?", se ha preguntado Montero en la presentación del programa.

En este sentido, Podemos pretende "prohibir las horas extras y perseguir penalmente su realización ilegal. Prohibiremos la realización de horas extraordinarias sin compensación en descanso, para fomentar la creación de empleo, ampliar las plantillas y avanzar hacia el pleno empleo, junto con la reducción de la jornada laboral". Además, "estableceremos sanciones penales para los empresarios que incumplan esta prohibición y obliguen a realizar horas extraordinarias sin abonarlas ni compensarlas, garantizando mecanismos eficaces de inspección y protección de las personas trabajadoras" añaden.

Además, "eliminaremos la posibilidad de recurrir a la contratación temporal sin causa justificada durante 90 días al año y perseguiremos el uso fraudulento de contratos a tiempo parcial para encubrir jornadas superiores a las declaradas, eludir el pago de las horas efectivamente trabajadas y abonar salarios inferiores al SMI que corresponda en proporción a la jornada realizada".

El programa incluye todo tipo de medidas duras para las empresas. Entre ellas, restablecer "la indemnización de 45 días por año trabajado en los despidos ilegales, estableciendo el derecho de la persona trabajadora a elegir entre la indemnización o la reincorporación. Recuperaremos los salarios de tramitación que se hayan devengado para el trabajador entre la fecha del despido y la de una sentencia que lo declare ilegal. Eliminaremos los despidos objetivos basados en caídas de ingresos, pérdidas previstas o causas técnicas, organizativas o productivas, recuperaremos la autorización administrativa previa para los expedientes de regulación de empleo (ERE) e implantaremos el derecho de retorno preferente a la empresa para las personas afectadas por despidos colectivos. Además, pondremos fin a la extinción injustificada del contrato durante el periodo de prueba, equiparándolo a todos los efectos con un despido cuando carezca de justificación". También pretenden "modificar el sistema de acceso a la prestación por desempleo para que, por cada 2 meses cotizados se compute un mes de derecho a paro".

Lluvia de impuestos

El capítulo fiscal plantea equiparar progresivamente la tributación de las rentas del capital y del trabajo, elevar los tipos del IRPF para las rentas superiores a 60.000 euros y derogar la conocida como Ley Beckham. También pretende eliminar las desgravaciones por aportaciones a planes de pensiones privados y establecer un impuesto específico sobre las grandes fortunas de carácter estatal y permanente.

La batería de medidas fiscales contra los propietarios tampoco tiene desperdicio: cuadruplicar la tributación de las viviendas vacías, crear un impuesto estatal sobre el patrimonio inmobiliario de las empresas sin mínimo exento, eliminar las ventajas fiscales de los caseros y las SOCIMI y establecer nuevos recargos en el IBI según el número de viviendas que tenga cada propietario.

También, "crearemos un gravamen específico sobre las ganancias obtenidas por la venta de inmuebles adquiridos durante los dos años fiscales anteriores, para desincentivar la compraventa especulativa a corto plazo" y eliminarán lo que consideran "los regalos fiscales a los propietarios de viviendas" derogando "los beneficios fiscales aplicados en el IRPF a los caseros para desincentivar la inversión especulativa en vivienda y movilizar todas esas viviendas para bajar los precios".

La ofensiva contra la empresa privada se completa con nuevos gravámenes. Podemos quiere que al menos el 50% de los beneficios de la gran banca revierta a las arcas públicas mediante un impuesto permanente, recuperar los beneficios extraordinarios de las eléctricas y petroleras y elevar el tipo efectivo mínimo del impuesto de sociedades al 19%. Para las empresas que operen en régimen de oligopolio plantea un tipo efectivo mínimo del 29% y un nominal del 35%.

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