El proceso liberalizador de las telecomunicaciones en España ha demostrado fehacientemente una cosa: es mucho más fácil y rápido crear un monopolio estatal que desmantelarlo. Es una verdadera pena que no funcionen. Si la propiedad estatal hubiera hecho algún bien alguna vez, ahora la URSS sería un gigante comercial y no... bueno, lo que sea ahora. Aunque el precio del ADSL ya es libre de cara al usuario final, Telefónica se ve obligada a revender a mayoristas a un precio marcado por el que ofrecen a los usuarios. A su vez, como operador dominante, sus nuevas ofertas deben contar con el visto bueno de la desterrada CMT.
En principio, parece lógico que cada proveedor de acceso a Internet pueda poner los precios que quiera y revenderlos al que más le guste. Esta limitación se incluyó porque Telefónica era la única que disponía de la infraestructura necesaria para ofrecer ADSL y, por tanto, la única competencia que podía tener provenía de empresas que únicamente revendían la conexión y ofrecían los servicios añadidos de atención al cliente, correo electrónico, espacio web, etcétera. Con la liberalización del bucle de abonado, empezaba a ser rentable en algunas zonas ofrecer una infraestructura separada, y así lo han hecho empresas como Servidores.com y Jazztel.
Pero, aunque Telefónica disponga de poca competencia en el terreno del ADSL, ya no estamos en los tiempos de monopolio, en los que no había siquiera la posibilidad de competir. Además de la competencia del cable, existen otras modalidades que pueden cobrar popularidad si la empresa intenta aprovecharse de su posición dominante, como es el PLC y el Wi-Fi, aunque aún estén en pañales. La obligación de Telefónica de revender ha mantenido los precios y las características del ADSL estables durante mucho tiempo, llevando incluso a sus competidores a ligar sus ofertas de banda ancha por diferencia con el precio "oficial" de la oferta más barata de ADSL. Esa estabilidad, para bien o para mal, es lo que esta medida dinamitaría.
En Francia, hace cuatro años, también existía una miríada de empresas que no ofrecían valor añadido y el precio del ADSL de 256Kbps era de 45 euros. Tras la liberalización de precios, hay actualmente ofertas de 20Mbps por 30 euros, pese a la reducción en el número de compañías que ofrecen esos servicios. Aun sin ser un caso equivalente al español, es una muestra clara de por dónde hay que ir, y ese camino es de mayor libertad, no menos. De modo que cabe desear que esta filtración al BOE ilustrado no sea sólo un globo sonda y se convierta en realidad.
