La última inmoralidad que han tenido que sufrir las víctimas del terrorismo, y con ellas la inmensa mayoría de los españoles, ha sido perpetrada por la portavoz de EH-Bildu en el Parlamento vasco, Laura Mintegi, cuando, en el último pleno de esa Cámara, y en referencia a la muerte del que fuera dirigente del PSE y parlamentario vasco Fernando Buesa, asesinado por ETA, junto a su escolta Jorge Díez, en febrero del 2000, dijo textualmente:
Todas las víctimas por causa política, que no por accidente de tráfico, infarto o cáncer, son una tragedia, y además, son todas evitables porque tienen un origen político.
Lo que uno no acaba de entender es cómo en ese momento los parlamentarios del PSE –los Patxi López, Rodolfo Ares, José Antonio Pastor, Txarli Prieto de turno, todos compañeros de partido y de escaño de Fernando Buesa– no abandonaron ipso facto, por dignidad y por respeto a la memoria del asesinado, la Cámara y se fueron al juzgado más próximo –los de Vitoria están a escasos 300 metros de la sede del Parlamento vasco– para presentar una querella criminal contra esta individua por enaltecimiento del terrorismo.
Rectifico: sí entiendo que no hicieran ni lo uno ni lo otro; después de los años en que estos miembros del PSE han estado enfangados en el proceso de negociación política con ETA llevado a cabo Eguiguren y por Zapatero durante sus años en La Moncloa, no se les va a pedir ahora que, de la noche a la mañana, tengan una reacción de ese tipo. Una vez más, volvemos a la terrible frase pronunciada por Pilar Ruiz, la madre de los Pagazaurtundua, a las puertas del hotel de San Sebastián donde Patxi López y Ares se reunieron con los dirigentes de ETA-Batasuna Arnaldo Otegi y Rufino Etxeberria en julio de 2006:
Patxi, harás y dirás cosas que nos helarán la sangre.
Lo dicho por Mintegi es, en el fondo y en la forma, lo que piensan los votantes de eso que se llama izquierda abertzale y que, de alguna manera, al menos en lo referido a la existencia de un "conflicto político", aunque no en el rechazo a la violencia, asume el nacionalismo vasco en general. Según ese planteamiento de la izquierda abertzale, en Euskadi ha habido un conflicto político que no ha querido ser reconocido ni solucionado por los diferentes Gobiernos del Estado, y eso es lo que ha generado una violencia política, la de ETA, que además ha tenido en diferentes fases una respuesta, también en forma de violencia, por parte del Estado, entiéndase los GAL, el Batallón Vasco Español o los enfrentamientos entre miembros de ETA y de las Fuerzas de Seguridad del Estado.
Este planteamiento, que, repito, es asumido y aceptado por una parte nada desdeñable de la sociedad vasca, lo único que pone de manifiesto es la gravísima enfermedad moral que sufre aquélla. Porque aceptar que a Miguel Ángel Blanco, a Fernando Buesa, a Gregorio Ordóñez, a Alberto Jiménez Becerril y a su mujer; a Ernest Lluch, a Fernando Múgica, a Tomás Caballero, a Enrique Casas, al resto de cargos públicos de UCD, AP, PP y PSOE; a todos y a cada uno de los guardias civiles, policías nacionales, militares, jueces, periodistas, empresarios, ciudadanos que pasaban por ahí, niños, etc., los asesinaron como consecuencia de una causa política, y que esas muertes se podrían haber evitado si se hubiera hablado, es de una inmoralidad y de una falta de principios éticos y democráticos incalificable.
Al menos, para los más ingenuos, pasmados o simplemente lelos, que los hay, que todavía pensaban en la reconversión a la democracia y el rechazo a la violencia de los que integran las diversas marcas de ETA, las palabras de Mintegui han podido servir de algo. Una vez más han enseñado su verdadera faz, son individuos/as que no reconocerán nunca el daño causado, que no van a pedir jamás perdón a las víctimas, que no sólo equiparan a estas con sus verdugos, sino que intentarán que, en el relato de lo que ha sucedido estas últimas décadas en el País Vasco, los vencedores sean ellos y los vencidos, el resto. Al paso que vamos, no les faltarán motivos para pensar que ya lo están consiguiendo, porque, entre otras razones, no parece que ni el Gobierno, ni los jueces, ni la Fiscalía, ni el PP –nacional y vasco– ni el PSOE –nacional y vasco– estén por la labor de plantarles cara.