No es en absoluto descartable que los políticos del frente separatista catalán sufran alguna clase de trastorno mental, más agudo que ligero, transitorio o permanente, que les haga estar convencidos de que lo que no puede ser sí puede ser y además no es imposible. Sólo queda mes y medio para el 9 de noviembre, fecha elegida para el referéndum, y dichos dirigentes insisten en que ese día se celebrará una consulta en Cataluña, de tal manera que si no se lleva a cabo van a quedar peor que el cuñado chistoso en un funeral.
En la contraparte están convencidos de todo lo contrario, de que no habrá referéndum. Lo malo de la versión del Gobierno es que es tan incompleta como la del Govern: se sabe lo que quieren, pero no cómo lo van a conseguir ni qué medios van a utilizar, más allá de las candorosas alusiones a la sensatez de Artur Mas.
Entre medias, la dimisión forzosa de Alberto Ruiz Gallardón y el nombramiento de Rafael Catalá Polo como ministro de Justicia sugieren unas perspectivas distintas en la contemplación del campo de batalla. No es que Gallardón tuviera un papel muy destacado en la cuestión del proceso separatista. Más bien ninguno, puesto que ese cometido se lo encargó Rajoy al ministro de Exteriores, García Margallo, en un alarde estratégico mediante el cual convertía el desafío secesionista en un segundo Gibraltar. Sin embargo, al nuevo ministro de Justicia le va a tocar dar la cara, y mucho. Puede que se libre de tener que presentar ante el Constitucional el recurso contra la ley de consultas, habida cuenta de que la cartera de Justicia dependerá de Soraya Sáenz de Santamaría hasta el regreso a España del Rey y de Rajoy, en Estados Unidos y la China, respectivamente. Pero de lo que no se va a librar es de lo que venga después.
Para los políticos nacionalistas, lo de Catalá es lo de menos y les da lo mismo. A estas alturas puede que ya ni recuerden que existe un Ministerio de Justicia y un Gobierno de España. Desprecian incluso las últimas declaraciones que se conocen del flamante casi ministro, quien en la revista de los Administradores Civiles del Estado, cuerpo al que se honra pertenecer, afirmó el pasado junio lo siguiente:
Por mi trabajo, por mis viajes o mis colaboraciones con Esade he tenido contacto con el sentimiento catalán, de percepción de una identidad singular propia, con un gran dinamismo cultural y un avanzado grado de autogobierno.
Dicho lo cual añadió que era partidario de realizar "ajustes en la Constitución para reconocer la singularidad catalana".
Un ministro viajado, que afirma haber tenido contacto con el "sentimiento catalán". Muy científico, muy jurídico y muy preciso, como el avistamiento de un ovni en el Tibidabo o un Bigfoot en un bosque de la Cerdaña. El sentimiento catalán...
Catalá, según su ficha oficial, comenzó en la política con Rajoy en 1996 y disfruta de un currículo que no cabe en un papiro. Empezó nada menos que de director general de la función pública, en el Ministerio de Administraciones Públicas, que a la sazón dirigía su descubridor y patrocinador, Mariano Rajoy, a quien se parece bastante, por cierto. Menos conocida es su trayectoria en la empresa privada, ámbito en el que fue secretario general desde 2005 y hasta 2011 de Codere, una multinacional española dedicada a las tragaperras, los casinos, los hipódromos y las apuestas en general que atraviesa en la actualidad por serias dificultades. Un tipo con suerte que espera al motorista mientras la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) suspende la cotización de su exempresa. Y es que nada mejor, deben de pensar en Moncloa, que tomarse lo de Cataluña como si fuera un juego. De azar, naturalmente.