El pasado jueves la vicepresidenta del Gobierno y el vicepresidente de la Generalidad de Cataluña se reunieron en el Palacio de la Moncloa. Según reconoció el propio Oriol Junqueras, la reunión fue difícil, pero cordial. Incluso tuvo a bien decir que existía cierto deshielo en las relaciones entre el Gobierno de España y el de Cataluña.
De cualquier forma, a pesar de tanto derroche de cordialidad, el vicepresidente regional catalán no tuvo pudor en declarar que la secesión de Cataluña tendrá lugar dentro de quince meses y que confía en que las futuras relaciones bilaterales entre el Reino de España y la República Catalana sean tan fructíferas como las que tenemos en la actualidad con países como Holanda o Portugal.
La vicepresidenta del Gobierno también habló de las dificultades existentes en la relación, pero se mostró confiada en encontrar puntos de encuentro entre la Generalidad de Cataluña y el Gobierno de la Nación. "Tenemos algo en común con los catalanes y estoy convencida de que él querrá resolver problemas de los ciudadanos de Cataluña, cada uno dentro de sus marcos competenciales", sentenció.
Tuve que leer varias veces la frase de Soraya para cerciorarme de que no me encontraba en un mal sueño. El vicepresidente de un Gobierno regional en rebeldía acude al Palacio de la Moncloa y declara su voluntad de continuar el golpe de Estado y su intención persistir en la violación de la Constitución. Y la vicepresidenta nos habla de respeto a los "marcos competenciales".
Hay algo que no se puede reprochar a los separatistas: no mienten. Llevan desde el principio del proceso secesionista diciéndonos lo que van a hacer.
Y el Gobierno lleva cuatro años sin querer ver el problema. Tenemos un Gobierno de empollones que fueron capaces de aprenderse 400 temas y recitarlos ante un tribunal. Pero que son incapaces de comprender que la Nación es anterior a la Constitución. Y que lo que impugnan los separatistas no es una u otra competencia, sino la propia soberanía nacional. Dice Junqueras que ellos no están sujetos a más soberanía que la de una supuesta nación catalana y que no van a cumplir las sentencias de un Tribunal Constitucional al que no reconocen autoridad para ir contra la voluntad del pueblo catalán.
¿Qué sentido tiene, entonces, recurrir una a una todas las normas del Parlamento catalán? Aunque ganemos los recursos, no van a cumplir las sentencias. ¿A qué viene este estúpido juego burocrático?
No estamos ante un problema jurídico, sino político. Estamos ante un desafío al orden constitucional, ante un golpe de Estado que se está perpetrando a cámara lenta ante la inacción y la pasividad de un Gobierno que carece de los más mínimos resortes morales y que es incapaz de afrontar el problema.
Sólo hay una vía para resolver este problema: hacer que en Cataluña rija el imperio de la ley, garantizar que se cumplan la Constitución y las leyes y que los políticos golpistas paguen por ello.
El Gobierno tiene instrumentos para hacer cumplir la ley en Cataluña. Si no los usa es por pura cobardía y falta de autoridad moral. Un Gobierno con dignidad hubiera aplicado hace tiempo el art.155 de la Constitución. Y habría hecho encarcelar a los sediciosos. Porque mientras en Cataluña siga saliendo gratis violar la ley, los separatistas seguirán campando a sus anchas. Y si el Estado no es capaz de demostrar que manda en Cataluña, los ciudadanos de a pie obedecerán antes al Gobierno regional que al Gobierno de la Nación.
Cada día que pasa, Cataluña está más cerca de la separación. Si alguna vez los separatistas, no lo quiera Dios, consiguen su objetivo, Mariano Rajoy y Soraya Sáenz de Santamaría tendrán el dudoso honor de haber sido cómplices necesarios de un gigantesco crimen.
Menos cordialidad, señora Santamaría. Más resolución y más firmeza. Con el golpismo separatista no hay ni habrá jamás nada que dialogar.