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EDITORIAL

No basta con desautorizar a la ministra de Justicia

Lo más grave no es que la querella contra Llarena se sustente en falsedades, sino que el Gobierno de España tenga por sustento a los golpistas.

Vaya por delante que ningún Gobierno debió conformarse con el apoyo de formaciones golpistas que abiertamente insisten en desafiar el Estado de Derecho y hacer trizas la convivencia nacional. Dicho esto, las declaraciones de la ministra de Justicia, Dolores Delgado, en las que justificaba la pasividad del Ejecutivo, en general, y de su departamento, muy en particular, ante la nauseabunda demanda presentada el pasado 5 de junio en Bélgica por el prófugo Carles Puigdemont contra el juez que instruye la causa del golpe de Estado en Cataluña, Pablo Llarena, van mucho más allá de una ya de por sí criticable muestra de agradecimiento por el respaldo separatista a la investidura de Pedro Sánchez como nuevo presidente del Gobierno: constituyen una clamorosa dejación de funciones por parte de una ministra de Justicia que se muestra desleal e impasible ante el descarado intento de desacreditar internacionalmente al sistema judicial español, al que la denuncia contra Llarena sitúa "al lado de Kazajistán entre los Estados delincuentes que se niegan a someterse a los principios que rigen los derechos fundamentales universales".

Es lógico que ante una denuncia de estas características –en la que, como se ha sabido ahora, los separatistas además falsearon la traducción de unas declaraciones de Llarena para presentarlas como violaciones de la presunción de inocencia de los acusados– el magistrado del Tribunal Supremo solicitase el amparo del Consejo General del Poder Judicial. No menos lógico resultaron las protestas de la mayor parte de asociaciones de jueces y fiscales, incluida la Unión Progresista de Fiscales a la que pertenece la propia Dolores Delgado. Lo que sólo se puede entender desde la hipoteca que este Gobierno tiene con los separatistas son las repulsivas declaraciones en las que la ministra de Justicia se lavaba las manos afirmando que la denuncia obedecía a "expresiones o manifestaciones privadas realizadas por el juez ante las que el Gobierno no puede actuar".

Es cierto que la postura de Delgado ha sido finalmente desautorizada por el presidente del Gobierno, hasta el punto de que la propia ministra ha tenido que afirmar que se tomarán todas las medidas necesarias "para asegurar la integridad e inmunidad de la jurisdicción española ante los tribunales del reino de Bélgica", y que defenderá a Llarena "hasta las últimas consecuencias". Sin embargo, estos bandazos no hacen más que dar alas a unos separatistas que argumentan que la causa judicial contra el golpismo secesionista sólo obedece a razones políticas y, desde luego, no borran la necesidad de destituir de forma fulminante a tan incompetente ministra. Hay que recordar, además, que Delgado no tuvo reparos en su día en manifestarse en apoyo del prevaricador Baltasar Garzón, y que ahora es la principal impulsora del rescate de una demagógica y en el fondo antijurídica jurisdicción universal a cargo de amigos del condenado Garzón y del abogado de un proetarra.

Con todo, es de esperar que la deseable destitución de Delgado no se produzca y que todo quede en una reprobación en el Senado gracias a la mayoría que allí (aún) ostenta el PP. Y es que no cabe olvidar que lo más grave aquí no es que la querella de los golpistas contra Llarena se sustente en falsedades, sino que el Gobierno de España tenga como sustento a los golpistas.

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