La Generalidad de Cataluña pretende eliminar el idioma español de la enseñanza en todos sus niveles, de las guarderías a las aulas universitarias. El plan es público y notorio y los principales prebostes del separatismo se jactan de que esa operación de "limpieza lingüística" es uno de sus objetivos prioritarios. Ya son más de cuatro décadas de hostigamiento contra las familias que piden que sus hijos puedan recibir enseñanza en español, cuatro décadas de violencia extrema contra quienes han denunciado la vulneración en una parte de España de los derechos lingüísticos de los españoles, de acoso, insultos, desprecios y marginación con todo el aparato administrativo, represivo y propagandístico de los separatistas volcado en la tarea.
En Cataluña, pues, el español es un idioma perseguido, maltratado en la vida pública y objeto de toda clase de limitaciones y marginaciones en el ámbito de la enseñanza. A lo largo de estos más de cuarenta años de autonomía en la región se ha intentado convertir la lengua materna de más de la mitad de los habitantes de Cataluña en un idioma extranjero, como si fuera un cuerpo extraño y ajeno a la realidad sociolingüística de la comunidad, un elemento cuyo uso se ha tratado de asociar a grupos de inadaptados.
Una cantidad incalculable de familias ha tenido que cambiar a sus hijos de la escuela pública o concertada a centros donde se tratara el español con normalidad. Hay también una cantidad incalculable de niños que ha sufrido señalamientos, burlas y todas las formas imaginables de acoso escolar por razones lingüísticas ante la pasividad de los sucesivos gobiernos de España, que han dejado en manos de la denominada "escuela catalana" (el entramado de docentes, sindicatos y asociaciones separatistas construido e impulsado por la Generalidad) el adoctrinamiento y la negación de los derechos lingüísticos y culturales de los millones de alumnos que han pasado por la mayoría de los centros educativos de Cataluña en estos años.
El 16 de diciembre de 2020, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) dictó una sentencia por la que se instaba a la Generalidad catalana a ofrecer al menos un 25% de las clases de educación obligatoria en español, fallo que fue ratificado por el Tribunal Supremo y que la administración autonómica sólo cumplió parcialmente en la treintena de escuelas donde hubo padres que no tuvieron miedo a reclamar su aplicación. La posibilidad de que más y más familias se acogieran a esa resolución judicial propició que la Generalidad, con el decidido concurso de los socialistas, desplegara primero a sus "activistas" lingüísticos para amedrentar a lo padres y luego remozara las leyes educativas autonómicas para hacer inviable la ejecución de la sentencia.
Que la consejería de Educación estuviera al frente de la campaña de acoso contra la primera familia que logró la aplicación del 25% en un centro escolar de la población barcelonesa de Canet de Mar fue el primer aviso a navegantes. Sucedió casi un año después de la emisión de la sentencia y fue una operación que vulneró los más elementales derechos y la seguridad física de esa familia y de cuantas osaron pedir que en Cataluña se cumpliera la ley, así como de las entidades que les dieron cobertura y defensa jurídica.
Las amenazas fueron a más y en paralelo a los movimientos de la Generalidad para convertir la sentencia en papel mojado. Han contado además los separatistas con el apoyo del Gobierno de Pedro Sánchez, que ha firmado un documento con ERC en el que se avala no sólo ese tortuoso experimento sociológico conocido como la "inmersión lingüística" en catalán sino la misma erradicación del español en los colegios.
A pesar de las adversas circunstancias, de la incapacidad judicial para que las sentencias se cumplan, del hostigamiento y señalamiento, de los insultos y la marginación, las entidades que aún se oponen a la eliminación del español han decidido salir a la calle a defenderse y exigir que se respeten sus derechos como ciudadanos españoles. Será este domingo, 18 de septiembre, en Barcelona, a partir de las 12:30 horas en el Arco del Triunfo y bajo el lema "Español, lengua vehicular".
Reivindican que los niños de Cataluña puedan recibir enseñanza en español, que la lengua española no sea considerada extranjera en su propio país, que la educación en español y en catalán se lleve a cabo con normalidad y criterios pedagógicos, no instrumentales, que los padres puedan elegir en libertad y sin presiones la lengua en que quieren que sus hijos reciban las primeras enseñanzas, que no se margine y arrincone el español, que no se considere una lengua impropia a la que hay que prestar menos atención, por ejemplo, que al árabe o el tagalo.
La situación lingüística en Cataluña es absolutamente anormal. Los derechos de los castellanohablantes son vulnerados de manera continuada y sistemática desde hace más de cuarenta años. Los niños se ven privados de uno de sus más elementales derechos en favor de un proyecto artificial de "construcción nacional", una de cuyas claves es la desespañolización forzosa de la región en aras a conseguir la independencia aplastando los derechos de una parte mayoritaria de la población. La "escuela catalana" es la piedra angular de ese proceso que pretende privar a la ciudadanía de una parte crucial de su cultura y también del uso normal de su lengua. El "apartheid" lingüístico es una muestra de autoritarismo y totalitarismo inaceptable en una sociedad democrática.
La sentencia del TSJC sobre el 25% de español pareció abrir un resquicio a la esperanza de la normalización del español en la enseñanza en Cataluña. Sin embargo, la impotencia judicial y el apoyo del Gobierno de Pedro Sánchez a la Generalidad para incumplir el fallo ha puesto de relieve, una vez más, la vigencia del Manifiesto por la Igualdad de Derechos Lingüísticos en Cataluña, un texto de 1981 que costó a sus impulsores y firmantes toda clase de ataques y penalidades. Desde entonces, la situación ha empeorado de forma aguda y notable. Hoy más que nunca es considerado el español una lengua extranjera en Cataluña, denostado por las autoridades autonómicas y locales. Sus hablantes son insultados de forma habitual, privados de sus derechos quienes lo hablan y pretenden que sus hijos sean educados no sólo en catalán, sino también en español.
De ahí que la manifestación de este domingo en Barcelona convocada por la plataforma "Escuela de Todos", que agrupa a decenas de organizaciones cívicas, sea una cita imprescindible y ante la que no valen excusas. No es fácil manifestarse en un contexto de odio al idioma y la cultura españolas, de represión lingüística en las escuelas y demás ámbitos públicos, pero sí absolutamente necesario. Se trata de una urgencia vital y democrática.
Una urgencia que no sólo apela a los ciudadanos de Cataluña, sino a los de toda España. Y en particular a quienes residen en regiones con otra lengua oficial, además del español. Es un error dramático pensar que la enseñanza del español en Cataluña es un asunto regional, una cuestión autonómica agudizada por un régimen electoral que prima a los partidos separatistas, que aprovechan sus dopadas mayorías parlamentarias en la región para aplicar el rodillo identitario y supremacista.
Se trata de una cuestión nacional que afecta y compete a todos como ciudadanos españoles, más aún cuando la deriva separatista catalana ha calado en la Comunidad Valenciana, las Baleares, Galicia o el País Vasco. Por eso son también oportunas e imprescindibles las concentraciones convocadas en numerosas capitales españolas en contra de las leyes y disposiciones autonómicas que pretenden convertir la lengua de todos en un idioma residual.