Este miércoles fue un gran día para la democracia en Perú y en toda Iberoamérica. Aún no puede decirse que el país andino se haya librado del zarpazo del comunismo, pero el fracaso del golpe de Estado de Pedro Castillo y la fortaleza que demostraron las instituciones y la sociedad civil peruana son motivo para la esperanza.
Además, por mucho que el ascenso a la presidencia de un personaje como Dina Boluarte no puede ser visto más que con preocupación, lo cierto es que la destitución de Pedro Castillo y su detención son grandes noticias: Perú se ha librado con ellas de un comunista siniestro, cuyo desprecio por la democracia ha quedado patente y que, por si lo anterior no fuese suficiente, además era un corrupto.
Hay que celebrar esa rapidísima respuesta y esa fortaleza de las instituciones peruanas: el Congreso se mantuvo firme y, sobre todo, las Fuerzas Armadas y la Policía estuvieron en todo momento y con absoluta claridad del lado de la legalidad constitucional. Del mismo modo, la sociedad civil mostró un indudable vigor: desde las televisiones y los periódicos que retransmitieron en directo el golpe de Estado hasta los ciudadanos anónimos que cercaron sedes diplomáticas para que el golpista corrupto Castillo no pudiese eludir la acción de la Justicia.
Perú nos ha dado una lección y, si bien nos alegramos por el país hermano y por toda Iberoamérica, también hay algo que resulta triste y preocupante: la consciencia de que en una situación similar España ni siquiera tendría las herramientas legales para una respuesta así de rápida y contundente.
Y es que mientras Pedro Castillo se ha enfrentado a una acusación de sedición menos de 24 horas después de su intentona golpista, en nuestro país ni siquiera hay un tipo penal para unos hechos similares y de la misma gravedad. Y el Gobierno, en lugar de reforzar las herramientas de la democracia para luchar contra los que quieren destruirla, las está desmantelando.
Por terrible que nos parezca, España está en este momento mucho menos preparada para defenderse de un golpe que Perú, y en lugar de verse encarcelados en unas horas, los responsables del último están indultados, rebajadas sus penas y en breve libres de todo reproche penal y prestos a reintegrarse con total normalidad en la vida política.
Quizá piensen ustedes que España no necesita esas defensas porque es impensable que algo así ocurra en nuestro país, pero nada más lejos de la realidad: en primer lugar, porque ya ha ocurrido, hace sólo cinco años en Cataluña; y en segundo y más importante, porque en este momento España tiene un Gobierno que pretende exactamente eso: dar un golpe de Estado cambiando la legalidad por la puerta de atrás y, saltándose la ley, acabar con la democracia y la monarquía parlamentaria para llevar al país a un sistema bolivariano en el que Sánchez y sus adláteres puedan eternizarse en el poder.
Desde un sentimiento de superioridad muy europeo probablemente la mayoría de los españoles pensará que es imposible que en nuestro país ocurra algo como lo que ocurrió este miércoles en Perú. No se puede estar más equivocado: no es que pueda pasar, es que está pasando ya, sólo que de una forma menos torpe y más sibilina.