Entendemos que ningún Tribunal de Justicia puede conceder o negar lo que nadie ha pedido (ne eat iudex ultra petita partium), so pena de incurrir en el vicio de incongruencia positiva o por exceso. En este sentido, nada que objetar, aun cuando todavía no se hayan hecho públicos sus razonamientos jurídicos, a la acertada sentencia del Tribunal Supremo que acaba de limitarse a ratificar la "arbitrariedad contraria a derecho" de la ruin y fulminante destitución del entonces jefe de la Guardia Civil de la Comunidad de Madrid, el coronel Diego Pérez de los Cobos en mayo de 2020. Recordemos que esta destitución fue perpetrada por el ministro Grande-Marlaska y su entonces Directora General de la Benemérita, la ahora cesada María Gámez, justo después de que se conociera que el grupo de agentes de la Guardia Civil bajo bajo el mando de Pérez de los Cobos, y que actuaba como policía judicial, había remitido un informe al juzgado que investigaba al Gobierno por autorizar las temerarias manifestaciones del 8-M de 2020 cuando ya había casos de coronavirus. El Ministerio del Interior cesó a este Coronel con un ejemplar historial de servicios alegando una "pérdida de confianza", una vez comprobado que el coronel no cedía ante las presiones de Interior y permanecía fiel a su deber de "guardar rigurosa reserva" sobre la evolución y el resultado de las investigaciones, tal y como la ley y la propia juez del caso, Rodríguez-Medel, le exigían.
Ahora bien. Por mucho que el Supremo ratifique la clamorosa ilegalidad de aquella destitución por la que el ministro del Interior hace tiempo que debería haber dimitido, el Alto Tribunal no entra a considerar —por no habérselo solicitado nadie— lo que en su día nos planteábamos en estas mismas paginas. A saber: si esa ilegal destitución de Pérez de los Cobos, además de ser una "arbitrariedad contraria a derecho", constituía también un delito tipificado y castigado como tal en el Código Penal, tal y como sucede con los delitos de coacción e inducción a la violación de secretos o el de represalias y prevaricación. Y es que resulta asombroso que un ministro del Interior, que para colmo ha sido juez, ignorara el articulo 550.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial que claramente establece que "los funcionarios de Policía Judicial a quienes se hubiera encomendado una actuación o investigación concreta dentro de las competencias a que se refiere el artículo 547 de esta ley no podrán ser removidos o apartados hasta que finalice la misma o, en todo caso, la fase del procedimiento judicial que la originó, si no es por decisión o con la autorización del juez o fiscal competente".
No menos concebible es que Grande-Marlaska y María Gámez dictaran esa ilegal destitución sin saber que lo era e ignorando el artículo 404 del Código Penal que claramente advierte "a la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo se le castigará con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de nueve a quince años".
Lamentablemente, y a pesar de las responsabilidades penales, que, además de las políticas, podrían recaer en el futuro sobre este indigno ministro del Interior, es quimérico pensar que Pedro Sánchez —máximo responsable de este bochornoso episodio— vaya a pedir el cese de Marlaska, por mucho que se lo vuelvan a exigir por este mismo asunto los representantes de los partidos de la oposición o de las distintas asociaciones de la Guardia civil. La única preocupación de Sánchez es sostenerse, como sea, en el poder. Y por ese objetivo está dispuesto tanto a envilecerse como a envilecer.
PS. Libertad Digital quiere dedicar este editorial no sólo al encomiable Coronel Pérez de los Cobos, sino también al no menos honorable general y ex Director Adjunto Operativo de la Guardia Civil, Laurentino Ceña, quien presentó su dimisión por su malestar con la injusta destitución de su subordinado.