Este martes el Congreso de los Diputados español se ha convertido en el único parlamento democrático del mundo en que se requiere el uso de pinganillos y traductores para que los representantes políticos puedan evitar expresarse en la única lengua que todos ellos conocen y entienden y que, para colmo, es la única lengua oficial del Estado. Todo para satisfacer a unas formaciones separatistas contrarias al ordenamiento jurídico y a la unidad de la nación sobre la que descansa todo su ordenamiento constitucional.
Así las cosas, y ante semejante espectáculo, nos quedaríamos, ciertamente, muy cortos si nos limitáramos a criticar el colosal despilfarro del dinero del contribuyente que este esperpento requiere, más de un cuarto de millón de euros sólo hasta finales de diciembre; como nos quedaríamos también muy cortos al señalar la ilegalidad que conlleva haber permitido el uso de lenguas regionales en la sede de la soberanía nacional antes de ser aprobado el cambio del Reglamento del Congreso.
Otro tanto pasaría si nos limitáramos a criticar la ignorancia o la mentira de tantos políticos y tantos medios de comunicación cuando se refieren al vasco, al gallego y al catalán como "lenguas cooficiales", cuando la única lengua oficial del Estado español —articulo 3 de la Constitución— además de única lengua que todos los españoles entienden y lengua materna abrumadoramente mayoritaria en todas las comunidades autónomas es el castellano. El gallego y el catalán no comparten cooficialidad en ningún lugar del mundo. Estas lenguas regionales solo comparten cooficialidad con el castellano y solo en sus respectivas comunidades autónomas, ámbito al que pertenecen sus respectivos parlamentos regionales, pero, en modo alguno, el Congreso de los Diputados, sede de la soberanía nacional.
Es necesario también destacar el ilimitado servilismo del PSOE hacia el separatismo, teniendo presente que hace escasamente un año los socialistas votaban en contra del uso de traductores en el Congreso español. O la penosa contribución al esperpento al que ha contribuido el portavoz del PP de Feijóo, Borja Semper, al dirigirse a los diputados, aunque fuese brevemente, en euskera. Eso, por no hablar de su manía —tan lamentablemente extendida— de referirse a los secesionistas, no como separatistas, sino utilizando la expresión que a ellos sí les agrada: independentistas.
Ante tan circense o esperpéntico espectáculo a mayor gloria —no de los que nos une sino de lo que nos separa—, no es de extrañar que los separatistas lo hayan aprovechado para alardear de "naciones diferentes" o que la única reacción apropiada y digna de elogio haya sido la de los representantes de Vox abandonando el escaño y dejando sus pinganillos en la mesa de un Pedro Sánchez ausente.
Mención aparte merecería la pretensión de Sánchez de llevar su ridículo uso de traductores de lenguas regionales al Parlamento Europeo —pretensión que Bruselas ha rechazado aun ofreciendo Sánchez que el coste lo sufragara exclusivamente el contribuyente español—, o su aún más grave pretensión de hacer añicos el Estado de Derecho español con una Ley de Amnistía para los golpistas que, según ha asegurado Junqueras este martes, el PSOE ya se habría comprometido a aprobar con ERC.
Lo que resulta evidente es que no hay límite, ya sea ético, estético, legal, sentido común o sentido del ridículo, que Sánchez no esté dispuesto a traspasar con tal de seguir en la poltrona aun habiendo perdido las elecciones.