Nada más lejos de nuestra intención que tomarnos a broma la cada vez más engrosada lista de inadmisibles exigencias que las distintas formaciones separatistas están reclamando a Pedro Sánchez y Conde-Pumpido a cambio de la investidura del primero como presidente del Gobierno. Sin embargo, visto cómo los secesionistas ya no se contentan con la voladura del ordenamiento constitucional que implicaría una ley de amnistía o un referéndum de autodeterminación en Cataluña, sino que ahora también reclaman nada menos que 450.000 millones de euros, en fantasmagórico concepto de "deuda histórica a Cataluña", o un sistema propio de pensiones o el traspaso a la Generalidad de Cataluña de todos los impuestos, nos resulta inevitable evocar aquella escena de la película Una Noche en la Ópera donde Groucho Marx hacia un interminable pedido de comida a un camarero, y cada vez que añadía un nuevo plato a la lista, su hermano Chico reclamaba desde dentro del camarote "y también dos huevos duros".
Ante semejante espectáculo, algunos dirán que sólo se trata de una competición entre las propias formaciones separatistas para ver cuál es la que llega más lejos a la hora de exprimir a un nihilista presidente de Gobierno que perece dispuesto a conceder todo con tal de seguir en la poltrona. Aun así, el maximalismo de las exigencias nacionalistas no sólo conllevaría la quiebra de nuestra nación entendida como Estado de Derecho sino también su quiebra financiera o bancarrota. Lo más grave de todo es que es el propio presidente del Gobierno, con su inadmisible y condescendiente silencio ante tales exigencias, absolutamente incompatibles con la supervivencia jurídica y financiera de la nación española, el que está alentando esa competición al alza entre los nacionalistas.
Así, esta es la hora que Sánchez ni nadie de su Gobierno ha desmentido, no ya su disposición a promover una ley de amnistía, sino siquiera a desmentir que ya se haya comprometido a ello con ERC, tal y como aseguró el martes y ha reiterado este miércoles el golpista indultado Oriol Junqueras. De hecho, Sánchez no ha anunciado una sola línea roja que tenga por objetivo limitar las pretensiones jurídicas y económicas de los secesionistas que no sea —claro está— asegurar que toda concesión tendrá como límite la Constitución, vacua y recurrente cantinela de quienes no tienen la honradez de admitir que lo que pretenden es inconstitucional.
No menos grave respecto del maximalismo de los separatistas, es que los españoles terminemos por insensiblizarnos considerando peccata minuta unos acuerdos a la baja —si finalmente se produjeran— como serían una impunidad de Puigdemont —no vía amnistía sino vía indulto— o una condonación parcial o total de la astronómica deuda que la Generalidad tiene contraída con el Fondo de Liquidez Autonómica o una nueva consulta secesionista en Cataluña que no revistiera el carácter de referéndum vinculante de autodeterminación.
Lo que es evidente es que, si no fuera por las hasta ahora ilimitadas tragaderas de Pedro Sánchez, el inasumible maximalismo de los separatismos bien les podría salir por la culata con una repetición electoral que podría dar la mayoría absoluta al PP y Vox. Eso, claro, si ambos partidos —obligados más que nunca a ir de la mano— no repiten los errores que les impidieron lograrlo en las últimas elecciones.
En cualquier caso, ambos partidos deben estar preparados para lo peor y más previsible, que no es una repetición electoral, sino una nueva legislatura de Sánchez de la mano de unas formaciones separatistas dispuestas a darles la puntilla a nuestra nación y a nuestro Estado de Derecho.