Ocho vocales del CGPJ pertenecientes a la APM dieron el primer paso. De hecho es su declaración, aprobada por 9 a 5, la que se convirtió en aldaba para que la Europa del pony de Von der Leyen, la del circo romano de Josep Borrel, la Europa que refugia al prófugo que lleva el maletín nuclear, diga o haga algo que sirva para algo. Que está por ver.
Pero la semana termina con una zancada coincidiendo con la comunicación oficial del pacto entre Junts y el PSOE con la Ley de amnistía como anillo de boda: todas las asociaciones de jueces, todas, y todas las asociaciones de fiscales, todas, han denunciado el golpe. El Poder Judicial reclama su independencia al verse claramente violada por un gobierno en funciones que no quiere salir del poder. Sienten el ataque por el lawfare, herramienta peronista que significa que la izquierda no delinque y que por ello puede procesar a la derecha sin más explicaciones. Pues bendita sea, si es lo que ha levantado de la silla a los togados de toda clase y condición como si de una descarga eléctrica se tratara.
El problema vendrá si el impresentable en funciones del Gobierno de España matiza, modula, moldea o maquilla el término en cuestión. Si, tras las pertinentes mentiras y artificios, les convence de que no habrá persecución a jueces por actos previos a la ley, es más que probable que algunas señorías lo den por bueno y se apeen de la necesaria indignación. Pero con estos bueyes, en este campo y en este preciso instante hay que arar y mucho.
Nunca hay que olvidar que fue el gobierno del PSOE en 1985, el de Felipe González y Alfonso Guerra, el que minó la independencia del Poder Judicial cargándose el método constitucional de elección de vocales del Consejo. Los gobiernos de mayoría absoluta del PP no quisieron revertir la situación y todos mantuvieron el grosero (e inconstitucional) mercadeo de togas y puñetas. La leche derramada es esta: un golpe de Estado en toda regla. ¿Llega a tiempo la extraordinaria reacción de todo un Poder del Estado?
Didier Reynders, comisario europeo de Justicia, ha pedido aclaraciones al Gobierno de España sobre la Ley de amnistía. Guarda las formas pero ya ha reclamado leer el borrador ante las "serias preocupaciones" que les han hecho llegar y las sospechas, más que fundadas, de que contravendrá tratados europeos. La respuesta de Félix Bolaños es la clave: no puede facilitarle avance alguno porque no es cosa suya, está en manos del Congreso de los Diputados. O sea, de la institución que está cerrada para cumplir su función parlamentaria pero abierta hasta el amanecer si es para investir a Sánchez bajo el palio separatista que lleva por dosel una estelada rematada en morado con el hacha y la serpiente como escudo.
Voces autorizadas según algunos dicen que Reynders se ha extralimitado al pedir cuentas porque la Ley de amnistía todavía no ha visto la luz y, en todo caso, es un asunto interno español. ¿Piensan lo mismo en la Comisión si la voz de alarma sale de la totalidad de asociaciones de jueces y fiscales de España? ¿Permiten un golpe en un estado miembro? Recuérdese la fábula del lobo y el pony de Von der Leyen, que es como aquello de las barbas del vecino.
¿Puede ver la luz una ley orgánica fundamentada en un acuerdo político de investidura (y de legislatura) que está repleto de ilegalidades y que ha sido denunciado por todos los jueces y fiscales de un país miembro? Por lo pactado entre PSOE y Junts será legal perseguir a los jueces y fiscales que actuaron contra el golpe separatista. Será legal lo que quieran que sea legal porque no habrá garantías jurídicas para nadie. Se ejecute o no el lawfare, el hecho de que aterrice en nuestro ordenamiento una ley que permite esa posibilidad es ya una agresión incompatible con el Estado de Derecho. Y todavía falta concretar del todo la factura vasca, con la independencia, los presos etarras y el típex encima de la mesa. Mil muertos.
Todos podemos hacer algo además de salir a la calle, que hay que hacerlo: si Mr. Reynders necesita prueba documental para que los burócratas europeos no le critiquen desde el diván, ahí van algunas posibilidades para dirigirle peticiones por escrito:
En cuanto al resultado de la sesión de investidura de Sánchez algunos quieren mantener el suspense hasta el final sin haber hecho nada desde el principio. Emiliano García Page dice ahora que hará "lo que se espera" de él. Pues que no sea así y haga algo bueno para España, más allá de pulseras. Por lo sucedido hasta ahora, lo que se espera de él es lo mismo que se espera de Sánchez: bla, bla, bla y luego traición. ¿Está dispuesto Page a marcar con sus ocho diputados en Madrid un voto que impida el gobierno del Felón? Más difícil parecía lo de los jueces pero es de suponer que la arrancada toledana se quedará en nada aderezada con excusas, impotencia y falsa indignación. Ha llegado tarde a la realidad y a sus diputados, que ya sólo bailan con Sánchez. Además, Coalición Canaria ha puesto la última capa de barniz a la infamia fingiendo sacrificio y bien común.
La violencia desaparece de Vía Laietana y aparece en Ferraz
Sánchez sabe que es muy fácil provocar a los elementos que siempre están deseando incendiar la calle. Con ello se consigue la imagen perfecta para sus intereses: los rebeldes, los alborotadores, los terroristas callejeros no están en Barcelona sino en Madrid. El golpismo escénico, esencial en la era de las redes sociales, es el español. Corritos con el Cara al Sol, brazos en alto, proclamas contra Felipe VI, influencers analfabetos haciendo de flechas y ultras de toda la vida, los de bengala, bozal y puño fácil sin más horizonte vital que sobrevivir a suturas, bazos reventados y derrames cerebrales de toda procedencia. Ninguno de ellos vivirá peor en el régimen de Sánchez.
Solos no son nada, nunca lo han sido. Pero dotados del más mínimo aval, por indirecto que sea, pueden convertirse en la violenta imagen del fracaso, la ocasión perdida y un regalo de incalculable valor a la izquierda. El rebelde, el traidor es Sánchez y al otro lado están el Orden y la Ley. Con esa premisa también se puede protestar en la calle. Sin atajos. Vox no habrá convocado a esos ultras pero debe esforzarse mucho más en desautorizarlos. Si hay infiltrados, como dicen, todos deben contribuir a desenmascararlos. No basta con decirlo. Aun así, sólo una gran manifestación unitaria firmada y convocada por PP, Vox y quien quiera unirse mostrará al mundo lo que significa el pacto de la traición.
La Ley que se nos viene encima para que Sánchez siga llevando las llaves del Falcon en el bolsillo dice que los que se subieron a los coches patrulla y llevaron al hospital a muchos policías (alguno con invalidez absoluta) no hacían sino defenderse de una represión ordenada por jueces prevaricadores que ahora serán sometidos a comisiones de investigación punitivas. El agresor es el agredido y así se explicará en la Ley del Golpe. Si esa imagen de la violencia ultra que sirve a Sánchez se la construye la derecha habremos perdido definitivamente cualquier ventaja.
El máximo riesgo y la gran oportunidad
Asociaciones como la conservadora APM y la izquierdista Jueces para la Democracia han sido capaces de coincidir hasta firmar un documento conjunto que esperemos no se desvirtúe o se rinda a los encantamientos del Felón. ¿No van a hacer lo propio PP y Vox, que gobiernan juntos en comunidades y ayuntamientos y se quedaron a cuatro escaños de hacerlo en España? Sin lugar a duda alguna, es el momento.
Poco importan ahora los cálculos electorales si con este muro que están levantando a nuestro alrededor hasta las elecciones democráticas se pierden de vista. El poder territorial del PP en toda España es contundente, inapelable, y con Vox, mayor. Pues hay que usarlo sin remilgos allí donde se pueda. Hay que frenar, ralentizar, entorpecer cualquier paso necesario para que prospere la Ley de amnistía: en el Senado, en la Mesa del Congreso, en las Comunidades Autónomas, en instancias judiciales y, por supuesto, masivamente y con el orden por bandera, en la calle. Ellos son los golpistas. Porque ya hay golpe, supongo... Ese que no existía ni siquiera en octubre del 17 y que sólo denunciábamos los exaltados de siempre.
Una decisión ilegal llevará a otra y cuanta más ilegalidad se conquiste más lejos estaremos de parar el golpe. Nunca hemos sufrido un ataque como el que supone el pacto Puigdemont-Sánchez, pero nunca habíamos tenido tantas posibilidades de neutralizarlo.