Casi dos semanas después de que estallara el escándaloso y mal llamado "caso Koldo", Francina Armengol, máxima responsable de que el gobierno balear pagara casi cuatro millones de euros a la trama vinculada al asesor del exministro Ábalos por mascarillas defectuosas, ha comparecido ante los medios de comunicación tanto para eludir su dimisión como para evitar responder a las cuestiones más fundamentales de este pestilente asunto. Cuestiones tales como la de quién facilitó a su Ejecutivo el contacto de la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL, la compañía vinculada Koldo Garcia y señalada por la Fiscalía Anticorrupción y por la Guardia Civil como la repartidora de comisiones utilizando la venta de mascarillas a administraciones controladas por el PSOE; o por qué, pese a detectarse nada más recibirlas que las mascarillas no cumplían con los requisitos FFP2, la Consejería de Salud de su gobierno emitió un certificado el 12 de agosto de 2020 en el que hacía constar, a petición de la propia mercantil repartidora de comisiones Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas, que no se tenía "conocimiento" en ese momento "de ninguna incidencia" y que los suministros realizados durante ese año habían sido satisfactorios. Por no contestar, Francina Armengol no ha contestado siquiera a la pregunta de por qué no medió contrato en dicho suministro o por qué reclamó el dinero con tres años de retraso, sabiendo que la calidad del envío era mala y cuando la Fiscalía Anticorrupción ya se había personado hacía nueve meses en Baleares para requisar el expediente.
Y es que para lo único que ha servido la comparecencia de Armengol es para que la actual presidenta del Congreso se presente como victima de una cacería política del PP y para advertir, tal y como hiciera el propio Ábalos la semana pasada, que no va a dimitir y que su nombre no aparece en el sumario.
Lo cierto, sin embargo, es que el problema de Armengol no es el PP, sino la UCO, la Guardia civil, la Audiencia Nacional, la Fiscalía Anticorrupción y la Fiscalía Europea, tal y como ha explicado el portavoz del PP, Miguel Tellado, haciendo referencia a todas las instituciones y organismos que investigan la trama Koldo. Son las investigaciones de todos estos organismos los que apuntan la responsabilidad in vigilando e in eligendo de la entonces presidenta balear en este escandaloso asunto; responsabilidad política que Armengol debería asumir ya, presentando su dimisión como presidenta del Congreso, lo que la convierte en la Tercera Autoridad del Estado.
Y es que, con independencia de que la Audiencia Nacional eleve o no en el futuro el caso al Supremo por la condición de aforados que tienen, entre otros, la propia Armengol, lo que es evidente es que la expresidenta balear no debería seguir ostentando un día más un cargo de tanta relevancia como el de presidenta del Congreso. Bien es cierto que Armengol ya se había hecho merecedora de su cese por su descarado sectarismo a la hora de ejercer un cargo supuestamente neutral. No ha dudado en convertir los discursos institucionales en arengas de partido. Pero la gota que rebasa el vaso es su implicación en este monumental escándalo de corrupción en el que tanta responsabilidad política tiene con independencia de que esas responsabilidades puedan ser en el futuro también penales.
Lo que no es menos evidente, sin embargo, es que Armengol, como Ábalos, como Torres, como el resto de ministros implicados en este escándalo, así como la propia presidenta del Tribunal de Cuentas, solo han sido rigurosos a la hora de aplicarse a sí mismos el "manual de resistencia" que les permita, como a Sánchez, mantenerse como sea en la poltrona.