Ni el bombero pirómano, ni el lobo pastor, ni siquiera la zorra del gallinero son comparables a la figura del Fiscal General Imputado, título de nuevo cuño que Álvaro García Ortiz ostenta con orgullo como una medalla ante su señor.
Empezó con mal pie como "fiscal inidóneo" porque ni los suyos querían un jefe alumbrado desde un embudo que empujaba la saliente. Tal ascendencia parecía difícil de superar: Dolores Delgado pasó de fiscal a ministra, de ministra a fiscal general y de ahí a fiscal de Sala de Memoria Democrática. Todo ello, con la compañía diaria de Baltasar Garzón y la ocasional de "troncos" y maderos con y sin placa.
Amante de las cacerías y admiradora de la "información vaginal" que consideraba "éxito garantizado", Dolores Delgado siempre aparece en la escena de las monterías genovesas, como aquella de 2009 en Jaén en la que abatían piezas, además de Garzón, el también fiscal y ministro Mariano Fernández Bermejo y el comisario general de la Policía General JAG. Tras los primeros disparos… levantó el vuelo la Gürtel. Terminó echando a Mariano Rajoy, que no hizo nada por evitar la dolorosa llegada de Pedro Sánchez.
La rica herencia de Lola fue asumida por Álvaro García Ortiz, que en poco tiempo ha superado a su mentora convirtiéndose en el primer fiscal general del Estado imputado por un presunto delito cometido en ejercicio de sus funciones.
En un régimen que considera a la Fiscalía como institución subordinada y con un presidente que declara su intención de detentar el Gobierno sin necesidad del Poder Legislativo es lógico que el fiscal se niegue a despeinarse —dimitir nunca— pese a que el Tribunal Supremo, por unanimidad, vea indicios de delito en su comportamiento contra un ciudadano que debería ser anónimo, aunque sea novio de Isabel Díaz Ayuso.
Detrás del fiscal debería desfilar camino del Supremo la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que adelantó la noticia sobre el novio de la presidente regional antes de que fuera publicada desencadenando oficialmente la cacería. La natural resistencia de Ayuso al acoso complicó mucho las cosas y la operación terminó dándose la vuelta contra el Gobierno y contra el fiscal que dio la orden explícita de que se hicieran públicos correos privados de un ciudadano anónimo. La historia es tan sencilla como criminal. Pero todavía no ha terminado y relajar la vigilancia es lo último que debe hacerse.
Si hay trama es porque hay sistema: un presidente del Tribunal Constitucional y un fiscal general del Estado que usan los principios generales del Derecho para limpiar el terciopelo de la silla en la que hunden sus posaderas, incluidas las de su jefe, el Señor 1. La imputación del fiscal por seguir el guion del Gobierno es el mejor resumen del régimen corrupto que nos gobierna.
Unanimidad judicial contra unilateralidad golpista
Es muy importante no olvidar que el Tribunal Supremo ha imputado al fiscal general del Estado por unanimidad, lo que indica la nitidez del presunto delito. Salga lo que salga de esa imputación, el fiscal debería dejar el cargo de inmediato. De hecho, tras este derrape institucional habrá que preverlo como norma si es que de verdad se busca la independencia judicial que Sánchez ha desbaratado a conciencia.
Aunque desde el fusilamiento de Montesquieu en la tapia de Ferraz, allá por 1985, las togas siempre han sido un elemento de gobierno, el control del Poder sobre la Justicia ha alcanzado su cénit con este Señor 1 que ya presume sin complejos de ello como demostró con aquella pregunta fatal formulada a un periodista —"¿pero la Fiscalía de quién depende?" —, que el periodista respondió por miedo servil, por complicidad o por ignorancia — "sí, sí, del Gobierno" — y que remató el propio Sánchez con su ramalazo arrabalero: "Pues ya está". Son apenas diez segundos de diálogo que resumen el grave riesgo que corre lo que quede de nuestra democracia.
La unanimidad contra la unilateralidad molesta mucho a este Gobierno erigido ya en régimen. Pero también ha sido unánime el rechazo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid a la querella que presentó el propio Sánchez usando a la Abogacía General del Estado contra el juez Juan Carlos Peinado. Los argumentos del rechazo son tan demoledores que agravan seriamente el horizonte de toda la trama que acecha al presidente: Sánchez ha pretendido apartar a un juez acusándole de prevaricación sin argumento alguno, con meras especulaciones y evidente mala fe. El eco del trueno aún se percibe.
Ante tal mandoble, la guardia pretoriana del 1 no ha dudado en salir de urgencia a criticar al TSJM ligando el rechazo de la querella a las conspiraciones de la "derecha ultra y la ultraderecha" y destacando "algunas manifestaciones inusuales e innecesarias para la motivación jurídica del auto". O sea, leyendo la cartilla a un tribunal que no le baila el agua revolucionaria.
Dos en una semana. A ver si aguanta el tipo Félix Bolaños y, con ayuda de El País, echan al M Ábalos a los perros para llenar portadas y tertulias.
La amenaza
Muchos políticos han usado como amenaza la información reservada que manejan, casi siempre sin merecerlo, debido a su cargo. Un díscolo, un crítico con el Gobierno, un periodista molesto o hasta un familiar de los anteriores quizá tengan alguna irregularidad tributaria que se pueda usar. O una grabación accidental. Cristóbal Montoro y Alfredo Pérez Rubalcaba presumieron en voz alta de dicha extensión ilegal del poder. Pero el Fiscal General Imputado ha ido más lejos tirando de estilo mafioso. Ha sido como poner la pistola encima de la mesa y tranquilizarnos porque no hará falta empuñarla. Pero ahí está la pistola. Lo dijo en TVE:
"Le aseguro que si yo quisiera hacer daño a un determinado espectro político, tengo información de sobra, que por supuesto no voy a usar jamás, para insinuar, para filtrar, para decir".
La confesión aclara mucho: eso es exactamente lo que ha hecho con el "espectro" de Ayuso porque eso es exactamente lo que le han reclamado que haga. Pero queda mucho por hacer en los frentes ministeriales, empresariales y, sobre todo, familiares.
Si, como sentenció Pedro Sánchez, la Fiscalía depende del Gobierno y si el Gobierno "quisiera hacer daño a un determinado espectro político", ¿qué sucedería? "¡Pues ya está".