Es cierto que la bochornosa decisión, prácticamente asumida por el Gobierno, de no presentar por segundo año consecutivo un proyecto de Presupuestos Generales del Estado y mantener en prórroga las cuentas correspondientes al ejercicio 2023, diseñadas en 2022 y aprobadas en una legislatura y por una Cámara distinta a la actual, podría y debería ser recurrida ante el Tribunal Constitucional. La no presentación de los presupuestos no solo viola abiertamente el articulo 134.3 de nuestra Carta Magna, sino que atenta no menos inconstitucionalmente contra la función legislativa tanto del Congreso como también del Senado.
Ahora bien, que nadie se llame a engaño. Desde el primer día que llegó al Gobierno, Pedro Sánchez tuvo la acertada convicción de que su permanencia en el poder no podría evitar, sino que tendría que radicar en la violación de nuestra Ley de leyes, pues ese era el precio que le iban a imponer las formaciones golpistas y proetarras que le auparon a la Moncloa. De ahí, la tan siniestra como lúcida determinación de Sánchez de controlar el Tribunal Constitucional, único órgano que determina qué es o no acorde con nuestra Carta Magna. Logrado ese objetivo con la llegada a la presidencia de Conde-Pumpido y la mayoría de magistrados socialistas, el supuesto Órgano de Garantías constitucionales de los ciudadanos pasó a convertirse descaradamente, como dijimos hace tiempo, en un tribunal de garantías del gobierno. Y lo mismo le sirve a Sánchez para avalar las inconstitucionales concesiones a los separatistas —Ley de amnistía, la salida encubierta de Cataluña del régimen fiscal común, la cesión a la Generalidad catalana del control fronterizo, etc— como para avalar su decisión de no presentar por segundo año consecutivo un proyecto de presupuestos por falta de apoyos parlamentarios. Y es que, con un Tribunal Constitucional tan descaradamente convertido en correa de transmisión del gobierno como el que preside Conde-Pumpido, que nadie dude que la mayoría de sus magistrados, llegado el caso, haría suyas las tergiversaciones, inexactitudes o simples mentiras con las que el gobierno avala su decisión de no presentar los presupuestos.
Quien dude de que el Tribunal Constitucional, presidido por Conde-Pumpido y con mayoría de magistrados de no menos probada obediencia socialista, fuese capaz de llegar a tal grado de degradación que se fije en el servil papel que ha desempeñado en favor de la impunidad de los máximos responsables políticos —Chaves y Griñán— de la mayor malversación de fondos públicos perpetrada en nuestro país como es el caso de los ERE. Tras sus condenas ratificadas por el Tribunal Supremo, el Gobierno no quiso asumir el coste electoral de concederles el indulto ni de promulgar una nueva y no menos inconstitucional "ley de amnistía" que favoreciera, en este caso, a sus propios dirigentes corruptos. Y es que no hacia falta con un Tribunal Constitucional dispuesto a convertirse en un órgano jurisdiccional que usurpa las funciones al Tribunal Supremo y que es capaz de conceder a los condenados —como así hizo— un indulto encubierto con la peregrina excusa de que tanto la Audiencia de Sevilla como el Tribunal Supremo no habían respetado en sus sentencias condenatorias sus derechos a la igualdad ante la ley.
Así las cosas, que nadie se sorprenda ahora, por muy antijurídico y bochornoso que sea el espectáculo, que Conde-Pumpido, plantease este lunes a los magistrados de la Sala Primera la posibilidad de impedir que los jueces españoles puedan acudir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) cuando se muestren en desacuerdo con un fallo adoptado por la corte de garantías. Es público y notorio, sin embargo, que el TJUE no pone ninguna limitación a los jueces nacionales para elevar cuestiones prejudiciales en cualquiera de las fases del procedimiento judicial, aunque previamente se hayan pronunciado las correspondientes cortes constitucionales europeas. Es más, la doctrina consolidada europea establece la primacía del Derecho de la Unión frente al de los estados miembros existiendo múltiples sentencias que rectifican los criterios de las distintas cortes de garantías constitucionales.
Y es que el paso dado la semana pasada por la Audiencia de Sevilla, que durante meses ha estudiado la posibilidad de llevar la extralimitación del TC en el caso de los ERE a Europa, se suma a la multitud de críticas por parte del Tribunal Supremo, donde en privado acusan a su presidente de actuar con "absoluta impunidad"
Lo que es evidente es que "Sánchez 2027" está dispuesto a agotar la legislatura, aunque sea sin presupuestos, sin apoyos parlamentarios y sin respeto a nuestra Ley de leyes. Y no será el "tribunal" que preside Conde Pumpido el que se lo impida.