La propiedad pública del agua en España es fuente de inagotables conflictos entre las distintas autonomías y cuencas entre sí y con el gobierno central. La decisión del viernes es tan injusta y arbitraria como podría haber sido cualquier otra, porque ningún gobierno tiene la capacidad de centralizar toda la información y el conocimiento de las necesidades de unos y otros. Aunque las declaraciones de Narbona han aclarado que, con un gobierno más responsable, seguramente Murcia hubiera obtenido mucho más, mientras la gestión del agua y su precio siga siendo una decisión política estas polémicas no cesarán. Tan sólo una apertura al mercado libre puede llevar el agua donde más se necesita, es decir, allí donde más pagan por ella. Que seguramente sean campos de golf y no improductivos regadíos.