El PSOE debe desautorizar, sin más tardanza, la insumisión a la Ley Orgánica de Calidad de la Educación (LOCE) emprendida por el Gobierno de Cataluña, al que han emulado enseguida los de Canarias y País Vasco. La desobediencia proclamada por estas Administraciones es, sencillamente, inadmisible en un Estado de Derecho, cuya esencia es, precisamente, el imperio de la Ley sin moratorias ni excepciones. En un Estado de Derecho, las Leyes vigentes se cumplen, no se suspenden a capricho de un político o de un Gobierno. Si el PSOE quiere deshacer la iniciativa del PP por una enseñanza basada en el esfuerzo y la excelencia, y regresar al reino de Jauja de la LOGSE, a la promoción automática,  el fracaso escolar, la inmersión lingüística y la discriminación de los alumnos que estudian Religión, perfecto, hay un camino tasado para conseguirlo: se propone una nueva Ley, las Cortes la debaten, la matizan y, si hay mayoría suficiente, la aprueban. El Rey la sancionna,  se deroga la anterior, se publica en el BOE la nueva y, al día siguiente, entra en vigor. Es así de sencillo, pero también, así de estricto. Es la forma que contiene el fondo de nuestro sistema de vida. Puede que el descarado autoritarismo de la consejera de Educación de la Generalitat sea una actitud de lo más normal en una república bananera, pero representa una afrenta para un Gobierno democrático, y el PSOE, si pretende gobernar un país serio y jurídicamente seguro, tiene que abortar cuanto antes el inquietante precedente establecido por estas tres Comunidades Autónomas. Bastará una declaración del próximo presidente, a ser posible por escrito, aproximadamente en los siguientes términos: “Mi Gobierno garantizará el cumplimiento de la Legalidad en todo el territorio español y por todos los ciudadanos y corporaciones públicas y privadas”. Demasiado elemental, demasiado obvio, quizá,  pero al punto de necesitar garantías de conservación de lo elemental y lo obvio de nuestro sistema hemos llegado en España.