La actividad de los okupas en Jun, desalojando casas con los vecinos y sus hijos dentro para vivir en ellas, no es más que el resultado esperable al que ha llevado la permisividad con que sus actividades delictivas han contado durante años en España. No sería de extrañar que algún juez, a poder ser de Cataluña, dictaminara que la situación social de los ladrones les fuerza a cometer esas tropelías y que, por tanto, no se les puede condenar. O algo así.