Mientras el lobby gay se limitaba a defender que no se discriminara a nadie por ser homosexual, pisaba terreno firme. En efecto, nadie tiene derecho a inmiscuirse en lo que hagan dos adultos que consienten. Pero al reclamar que el matrimonio se modifique para incluir las uniones homosexuales están precisamente exigiendo que tanto el Estado como la sociedad se inmiscuyan en sus relaciones y les otorguen el mismo reconocimiento que reciben las de hombre y mujer.

El matrimonio es una institución que ha evolucionado en torno a la familia en todas las culturas. Si las leyes entran a regularlo es precisamente porque se ha considerado su existencia, previa a dicha legislación, como algo a proteger, al ser el lugar que la evolución de la sociedad ha definido como el más adecuado para tener hijos. Por eso, modificar la definición jurídica de matrimonio para incluir una relación que es en esencia estéril significa destruir la razón última por la que se legisló en primer lugar. Las uniones homosexuales son distintas de las heterosexuales y, por ello, merecen un tratamiento diferenciado que se ajuste a su realidad. Así se ha entendido allí donde se han institucionalizado dichas uniones, en Bélgica, Holanda, Canadá y, hace pocas días, Suiza.

Por eso, todos aquellos que consideren que el matrimonio debe conservar su única razón de ser deben acudir a la manifestación del sábado 18 de junio. Pero recordando en todo momento la facilidad que tiene la abrumadora mayoría mediática de izquierdas para tergiversar todo lo que allí suceda. Los manifestantes serán acusados de carcas y homófobos, como mínimo. Por eso es imprescindible que tanto participantes y organización eviten dar excusas, aunque sean tan nimias como las aprovechadas por el club de Perpiñán para hacerse la víctima. Emplear pancartas y corear consignas que defiendan la familia pero no critiquen al colectivo homosexual, y ayudar a la retirada de las que lo hagan. Sólo así la manifestación será un éxito, sea cual sea el número de asistentes.